La audiencia preliminar en el derecho del trabajo: Código de Procedimiento Civil

A continuación abordaré importantes puntos del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la audiencia preliminar en el derecho del trabajo  

El Código de Procedimiento Civil, indica lo siguiente

Las medidas cautelares preventivas, las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. 

 

Pero siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

En este sentido,  en sentencia de nuestro máximo Tribunal de la República el 28 de julio de 1992, expresó que lo indicado en el Código de Procedimiento Civil, no significa que para la procedencia de la medida preventiva debe proceder un fallo definitivamente firme.

Pero en sentencia de la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia del 20 de septiembre del 2001, señaló lo siguiente:  

 

Respecto a la solicitud de medidas cautelares dentro de juicios de amparo constitucional como lo estableció esta Sala en sentencia del 24 de marzo del año 2000, el peticionante no está obligado a probar la existencia de fumus boni iuris ni de periculum inmora, sino que dada la celeridad y brevedad  que caracteriza el proceso de amparo constitucional, depende, únicamente del sano criterio del juez acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen, la cual ha sido reiterada el 7 de marzo del 2002 expediente No 02-0085, S.Nº0399.

 

Al mismo tiempo nuestro Código de Procedimiento Civil, señala que el Juez limitará las medias, a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio.

Por lo que de comprobarse que los bienes afectados excedan la cantidad de la cual se decretó la medida, el Juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión.

En este caso se aplicará el artículo 592 eiusdem, el cual indica:

 

Si se embargan cosas legalmente inembargables, o prospera la oposición prevista en los artículos 546 y 602 del C.P.C, el solicitante de la medida sufragara los gastos y honorarios por el depósito de los bienes, así como los traslados al sitio donde se tomaron y los que sean necesarios para reponer las cosas al estado en que se encontraban al momento del embargo. En estos casos, no se admite el derecho de retención a favor del depositario.

 

De igual forma, se establece que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que exponer.

 

Hay habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos.

 

En los casos a que se refiere el artículo 590 del CPC, no habrá oposición, ni articulación de que se trata esa norma jurídica, pero la parte podrá hacer suspender la medida, como establece el artículo 589 eiusdem.

 

No se decretará el embargo, ni la prohibición de enajenar y gravar, o deberá suspenderse si estuvieren ya decretadas, si la parte contra quien se haya pedido o decretado, diere caución o garantía suficiente de lo establecido en la norma jurídica.

En caso que se objeta la eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una articulación por cuatro días y se decidirá en los dos días siguientes a esta.

 

En este sentido, el Máximo Tribunal de la República en sus diferentes jurisprudencias ha indicado lo siguiente:

 

Lo que señala el artículo 589 del CPC es una disposición general en materia de medidas preventivas, que solo permite la fianza para decretar y suspender el embargo y la prohibición de enajenar y gravar, hay exclusión del secuestro por expresa voluntad del legislador, de acuerdo a sentencia de la Sala de Casación Civil del 13 de julio de 1988.

 

El legislador a través de esta norma jurídica, le señala claramente el Juez que debe acordarse caución o garantía suficiente, deberá suspender no el derecho de la parte a la cautela, sino la figura jurídica que en ese momento la desarrolla.

 

Esto significa que el procedimiento cautelar no ha cesado por el hecho de que haya acordado una fianza en sustitución del embargo, sino que está vigente a través de la herramienta procesal que el propio legislador le indica al Juez que debe asumir.

Al estar vigente la tutela cautelar, el mecanismo sustitutivo del artículo 589 del CPC, no genera el fin de dicho procedimiento, por cuanto una interlocutoria, y por ello el presente recurso de casación debe ser declarado inadmisible, de acuerdo a sentencia de la Sala de Casación Civil del máximo Tribunal de la República de fecha  25 de mayo del año 2000.

 

Podrá también el Juez decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sin estar llenos los extremos de ley, cuando se ofrezca, se constituya caución y garantías suficientes a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que esta pudiere ocasionarle.

 

Para los fines de esta disposición solo se admitirán:

  • Fianza principal y solidaria de empresa de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. En este caso el Juez debe requerir la consignación en autos del último balance certificado por contador público, de la última declaración presentada al impuesto sobre la renta y del correspondiente certificado de solvencia.
  • Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en los autos.
  • Prenda sobre bienes y valores.
  • La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el Juez.

 

Ante esto la Sala de Casación Civil  del Máximo Tribunal de la República, en sentencia del 16 de octubre de 1996 precisó que:  

El contenido de la norma del artículo 590 del CPC, concluye la Sala que la intención del legislador cuando se decreta una medida de prohibición de enajenar y gravar con fundamento a la cita disposición, es que no se suscite oposición ni tampoco se abra una articulación, lo que permite determinar que las incidencias que se produzcan en relación a los cuatro ordinales que integran la mencionada norma jurídica, son controversias secundarias relacionadas con su trámite, y no pueden ni deben considerarse como una oposición propiamente dicha a la medida.

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No 984 del 11 de mayo del 2006, expresó lo siguiente:

De igual manera, tampoco considera la Sala procedente el alegato de la necesidad de dar caución para suspender la ejecución de la sentencia que se pretende invalidar, ya que ello constituye un requisito necesario establecido en el CPC, que no puede ser obviado por quien pretenda paralizar la ejecución de una sentencia, puesto que para suspender la ejecución de un fallo, es necesario que el recurrente ofrezca alguna caución de las establecidas en el artículo 590 del CPC, la cual no debe constituir únicamente una caución  real o pecuniaria ¡, ya que esta puede versar sobre una fianza de establecimientos mercantiles o empresas de seguros o cualquiera de los supuestos previstos en el articulo 590 antes mencionado.

De la misma manera los  artículos 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 y 607 del Código de Procedimiento Civil, entre otros presupuestos establecen lo siguiente:

A pedido de parte, el Juez se trasladar a la morada del deudor o a los diferentes sitios o establecimientos donde se encuentran los que se embargara.

Por lo que podrá ordenar abrir las puertas, de cualquier depósito o recipiente y solicitar en caso de ser necesario el auxilio de la fuerza pública

 

Cuando se embargan cosas completamente inembargables o bien prospera la oposición prevista en los artículos 546 y 602 eiusdem, el solicitante de la medida debe sufragar los gastos y honorarios por el depósito de los bienes, así como el traslado del sitio donde se tomaron y lo que sea necesario para reponer las cosas al estado en que se encontraban al momento del embargo.

 

No se admitirá en estos casos el derecho de retención a favor del depositario.

 

El embargo de créditos se efectuará mediante notificación que hará el Juez al deudor del crédito embargado, en la morada, oficina o negocio de este.

 

Cuando no sea ubicado el deudor, la notificación se hará a cualquiera de las personas indicadas en el artículo 220 del CPC,  cuando se trate de personas jurídicas.

 

Pero cuando se trate de personas naturales, la notificación se hará en persona que esté a su servicio, o sea pariente del deudor, que se encuentre en su morada, oficina o negocio, dejando constancia en el acta del nombre, apellido y cédula de identidad de la persona notificada.

 

Pero cuando se trate de créditos o derechos litigiosos, es suficiente con dejar la respectiva constancia del embargo en el expediente del juicio respectivo, mediante el acta que suscribirá el Juez, el Secretario y los comparecientes.

 

Cuando los bienes que se vayan a embargar ya estuvieran embargados,  se debe aplicar lo establecido en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil.

Es decir, que el embargo se practicara sobre los bienes del ejecutado que indique el ejecutante.

En cualquier momento que el ejecutado ponga a disposición del Tribunal bienes suficientes para llevar a cabo la ejecución, el Tribunal decretará el levantamiento del embargo, que se haya practicado sobre el inmueble que le sirve de morada. 

 

Un mismo bien podrá ser objeto de varios embargos.  

Los derechos de los que lo hayan hecho practicar se graduarán por su orden de antigüedad.

Rematando el bien, el derecho de los embargantes se trasladará sobre el precio en el mismo orden y cuantía en que hayan sido practicados los embargos.

Quedando a salvo las preferencias y privilegios legales.

 

Ahora bien, cuando no haya perjuicio para el embargante, el embargo debe ejecutarse preferentemente sobre las cosas que indique la parte embargada.

 

En relación al secuestro

Se decretará el mismo bajo las siguientes premisas:

De la cosa mueble sobre la cual versa la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que este la oculte, enajene o deteriore.

De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.

De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir aquellos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad.

 

De los bienes suficientes de la herencia o en su defecto del demandado, cuando aquel a quien se haya privado de su legítima, la reclame de quien hubiere tomado o tenga los bienes hereditarios.

 

De la cosa que el demandado haya comprado y este gozando sin haber pagado su precio.

De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella,  este apele sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble.

 

De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere o por falta de pago de pensiones de arrendamiento por estar deteriorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que este obligado según el contrato.

En este caso el propietario, así como el vendedor en el caso del ordinal 5º del artículo 599, podrán exigir que se acuerde el depósito en el mismo, quedando afectados la cosa para responder al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello.

 

Cuando se acuerde la prohibición de enajenar o gravar, el Tribunal sin pérdida de tiempo, oficiara al Registrador del lugar donde estén situados los inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna manera se pretenda enajenarlos o gravarlos, insertando en su oficio los datos sobre la situación y linderos que constaren en la petición.

 

Se consideran nulas y sin efecto la enajenación o gravamen que se hubieran protocolizados después de decretada y comunicada al Registrador la prohibición de enajenar y gravar.

El Registrador será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la protocolización.

 

Cuando el Tribunal de la causa, encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. 

Ahora bien, de encontrar pruebas abundantes, decretara la medida solicitada y procederá a su ejecución.

En ambos casos el decreto deberá dictarse el mismo día en que se haga la solicitud y no tendrá apelación.  

En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 11 de mayo del 2007, señalo que en materia de medidas cautelares, el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil estipula que de hallarse suficiente prueba, decretara la media solicitada el mismo día y el Juez ante quien se presenta la solicitud la decretará.

 

Manifiesta nuestro Código de Procedimiento Civil, que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiéndole las razones o fundamentos que tuviere que alegar.

Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de  ocho días, para que los interesados promuevan pruebas y hagan evacuar las que convengan a sus derechos.

En los casos a lo que se refiere el artículo 590 del Código de  Procedimiento Civil, no habrá oposición, ni la articulación de que se trata la norma jurídica, pero la parte podrá hacer suspender la medida, como se establece en el artículo 589 de este mismo código.

Dentro de los dos días, a más tardar de haber expirado el término probatorio, sentenciar el Tribunal la articulación, pero de esta sentencia se oirá apelación en un solo efecto.

La Sala de Casación Civil en sentencia del 13 de abril del 2005 expuso lo siguiente:

Resulta que para el caso que la medida cautelar solicitada sea preventivamente decretada, deviene un plazo para que el sujeto procesal contra quien obre la medida, si lo estime conveniente formule oposición a esta,  luego e independientemente de tal oposición, se abre ope legis una articulación para que los interesados promuevan y evacuen las pruebas que tengan  a bien considerarlo, concluyendo la incidencia en cuestión con la sentencia que en definitiva vendrá a sustituir a la que provisionalmente  la había acordado, ya que esta ultima será  la resolutoria del fondo de la controversia cautelar suscitada y en tal sentido podrá confirmarla, revocarla, modificarla o suspenderla. Esto en atención a los artículos 601, 602 y 603 del CPC.

 

Más adelante el Código de Procedimiento Civil, señala que ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregara el cuaderno separado de aquellas, cuando se haya terminado.

En este sentido,  la Sala de Casación Civil en sentencia del 9 de marzo de 1989 manifestó lo siguiente:

Es doctrina reiterada y pacifica que la materia de las medias preventivas, no tiene relación directa con el fondo del asunto sometido a discusión.

Por esta misma causa la Ley, ordena que tales procedimientos sean tramitados en cuadernos separados.

Las incidencias sobre medidas preventivas forman juicios apartes, separados y autónomos, incluyendo aquellos en los que pueda darse el recurso de casación, cuando presenten las características exigidas por la Ley.

 

En sentencia del 5 de abril del 2001  de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, este indicó:  

Cuando se trata de bienes embargados, sobre los cuales la ley exige la solemnidad del Registro Público, como el caso de embargo de bienes inmuebles, la doctrina y la jurisprudencia han sentenciado que, la oponibilidad se extiende igualmente a los actos de adquisición de derechos cuyo titular debe registrarse, de suerte que si el comprador de un inmueble, vehículo, una aeronave o cuotas de participación de una sociedad de responsabilidad limitada, no exige el titulo registrado, su oposición petitoria no puede prosperar, a tenor del artículo 1924 del Código Civil.

Esta norma jurídica, manifiesta que los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier titulo, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble.

Cuando la Ley exige un titulo registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquel con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales.

 

El Código de Procedimiento Civil, nos enseña que ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno separado de aquellas, cuando se haya terminado.  

En este sentido,  la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la República en sentencia del 9 de marzo de 1989 manifestó lo siguiente:

La doctrina reiterada y pacifica manifiesta que las medidas preventivas no tienen relación directa con el fondo del asunto sometido a discusión.

Por esa misma causa la Ley, ordena que tales procedimientos sean tramitados en cuadernos separados.

Las incidencias sobre medidas preventivas forman juicios apartes, separados y autónomos, incluyendo aquellos en los que pueda darse el recurso de casación, cuando presenten las características exigidas por la ley.

 

De igual forma el Código de Procedimiento Civil, establece que la parte en cuyo favor, se haya expedido el decreto de secuestro podrá hacerlo protocolizar en la Oficina de Registro respectiva, lo mismo que el del depósito de la finca vendida o arrendada, hecho en el dueño para responder al arrendatario cuando hubiere lugar conforme a la parte final del articulo 599 eiusdem anteriormente analizado.

Es por ello que en sentencia del 5 de abril del 2001 la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, indico lo que fue analizado anteriormente.

 

De igual manera el CPC, señala que, si sentenciada en definitiva la causa, no se hubiere decidido todavía la articulación pendiente sobre las medidas decretadas, el Tribunal ante el cual se haya promovido continuara conociendo de ella, aunque haya admitido antes apelación en ambos efectos o recurso de casación de la sentencia definitiva.

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil,  indica que,  si por resistencia de una parte de alguna medida legal del Juez, por abuso de algún funcionario público, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el siguiente, y hágalo esta o no, resolverá a mas tardar dentro del tercer día, lo que considere justo,  a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin termino de distancia.

Cuando la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación. 

Espero te haya sido informativo esta publicación sobre el Código de Procedimiento Civil en cuanto a la audiencia preliminar en el derecho del trabajo.  

Te recomiendo leer aquí también mis escritos sobre: 

Próximamente la tercera parte de esta serie de escritos

Gracias por leerme 

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