Poder: Conceptos de la representación

Trataré sobre los conceptos de la representación en este escrito, continuando aquí lo iniciado en mi escrito previo sobre la redacción de un poder en Venezuela

Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, deben ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que regulan su estado o capacidad.

En tal sentido, el Código Civil, expresa que los actos cumplidos en los límites de sus poderes por el representante en nombre del representado, produce directamente sus efectos en provecho y en contra de este ultimo.

El poder para celebrar en nombre de otro un acto para el cual exija la ley instrumento otorgado ante un Registrador Subalterno, tal como lo indica literalmente el Código Civil, el cual deberá ser hecho en esta misma forma.

Si el poder se refiere a actos para los cuales es necesaria y suficiente la escritura privada, puede ser hecho en esta misma forma, aunque el acto se otorgue ante un Registrador.

Conceptos de la representación

Emilio Calvo Baca, indica que existen dos conceptos de la representación:

La representación amplia

La cual contiene los presupuestos siguientes:

La representación es un hecho jurídico, cuando una persona un acto jurídico en lugar de otra persona.

En este concepto encuadran las dos formas de representación: Directa e indirecta.

Por lo que se destaca en este concepto, una idea de cooperación jurídica y una idea de interés.

Ambos elementos juntos o alternativamente son normalmente constantes en toda clase de representación.

La representación restringida

La cual tiene los siguientes presupuestos:

Señala que la representación es una forma de sustitución en la actividad jurídica, por la cual una persona ocupa el lugar de otra para realizar un acto en nombre y por cuenta de ella.

Este concepto corresponde a la representación directa.

Este es el concepto normal o corriente que se da al termino representación en el campo jurídico, y para muchos es el autentico.

La representación de sociedades irregulares

Estas sociedades, las asociaciones y los comités que no tienen personalidad jurídica, estarán en juicio por medio de las personas que actúan por ellos o a las cuales los asociados o componentes han conferido la representación o dirección.

En todo caso, aquellos que han obrado en nombre y por cuenta de la sociedad, asociación o comité, son personal y solidariamente responsables de los actos realizados.

Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil establece, que los acreedores podrán nombrar por mayoría cuando lo estimen necesario, persona que represente al concurso, bien en asunto o puntos determinados, bien en todos los asuntos en que tengan interés el mismo concurso.

Al respecto el Código Civil, indica lo siguiente:

El curador está obligado a hacer formar el inventario de la herencia.

A ejercer y hacer valer los derechos de esta herencia.

A seguir los juicios que se le promuevan, a administrarla, a depositar en un instituto bancario el dinero que se encuentre en la herencia  y el que perciba de la venta de los muebles y de los inmuebles.

Y por último a rendir cuenta de su administración.

El curador nombrado deberá dar caución por la cantidad que fije el tribunal, sin la cual no podrá entrar en el ejercicio de sus funciones.

Si la caución dada no hubiere sido suficiente a cubrir las resultas de la curatela, el Juez será responsable de los daños y perjuicios sobrevenidos  a los interesados.

En tal sentido, el Código Civil manifiesta que cuando se ignora quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos testamentarios o ab intestato, la herencia se reputa yacente y se debe conservar y administrara los bienes hereditarios por medio de un curador.

El Juez debe emplazar por edicto y por la imprenta si fuere posible, a los que se crean con derechos a la herencia, para que comparezcan para deducirlo.

La herencia yacente, es aquella en la que no se encuentra heredero y pasa a propiedad del Fisco Nacional en calidad de herencia vacante, si al cabo de un año no aparecen los herederos. Previo inventario y avaluó que se hará de acuerdo con el curador.

Cuando los bienes pertenezcan a un extranjero en el lugar donde se encuentren aquellos residiere algún Cónsul o Agente Consular de la nación que aquel pertenecía, se citará al funcionario, y si quiere hacerse cargo de la defensa y administración de la herencia, se hará en él, el respectivo nombramiento de curador, pero si en tratados públicos celebrados con la nación a que pertenecía el difunto se dispusiera otra cosa, se observará  lo que en ellos estuviere convenido.

Cuando se pronuncie la sentencia definitiva y firme en relación a la herencia yacente a favor de algún acreedor de ella, donde se condena al pago de una cantidad liquida y exigible de dinero, no se permitirá a favor de ese acreedor la constitución de hipoteca judicial sobre aquellos bienes inmuebles que integran la herencia yacente, como lo indica el Código Civil.

Ya que al no conocerse quién es el heredero, también se ignora que obligaciones tenia este heredero yacente. Por tanto, una demanda de los acreedores, no tendría ningún sentido, por lo antes explicado.

En cuanto a estas sociedades irregulares las normas del Código de Comercio estipulan lo siguiente:

La liquidación, ya sea demandante, será representada en juicio por los liquidadores.

Todos los que contraten en nombre de compañías constituidas en el extranjero y no registradas debidamente en Venezuela quedan sujetos a responsabilidad personal y solidaria para todas las obligaciones contraídas en el país.

Sin perjuicio de que los terceros puedan demandar a la compañía misma, si así les conviene y pedir la ejecución de los bienes que figuren en nombre de ellas.

Los síndicos representan la masa de acreedores, activa y pasivamente en juicio y fuera de ese juicio.

Administran los bienes concursados, practicando todas las diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y recaudación de los haberes de la quiebra y liquidan esta, según las disposiciones del Código de Comercio.

No se puede hacer valer en juicio en nombre propio un derecho ajeno

En sentencia  del 26 de mayo de 1994 de la Sala de Casación Civil indicó lo siguiente:

Que esta norma jurídica del Código de Procedimiento Civil, que no se puede hacer valer en juicio en nombre propio un derecho ajeno.

Expresa la sentencia, la regla de la legitimación ad causan, mediante la cual solo aquel quien se pretende titular de un determinado derecho puede hacerlo valer en juicio, salvo en los casos que la ley expresamente autorice a un extraño para actuar en nombre del titular del derecho.

En sentencia del 4 de abril del 2003 la misma Sala señaló lo siguiente:

El Juez de la recurrida considero que el supuesto de hecho contenido en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es uno de los casos a los que se refiere el artículo 346 ordinal 11 eiusdem .

Este ordinal 11 expresa:

“La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando solo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda.

Si fueran varios los demandados y uno cualquiera de ellos alegare cuestiones previas, no podrá admitirse la contestación de los demás y se procederá como se  indica en los artículos siguientes”

Sigue manifestando la Sala refiriéndose al 346.11 consideró que la prohibición de admitir la acción propuesta a que se contrae la citada regla, es aplicable a aquellos casos en los cuales se ejerza en nombre propio un derecho ajeno.

Sigue señalando la sala que, el Juez de alzada se equivoca al realizar tal consideración, ya que para no admitir la acción propuesta se requiere que tal prohibición sea expresa y clara y que en términos objetivos no exista la menor duda de que la ley niega la tutela jurídica o ciertos intereses  hecho valer en juicio.

En cambio el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a lo que se está analizando, según la Sala de Casación Civil, se refiere a la cualidad o interés de las personas para intentar la acción, lo que supone el examen  y pronunciamiento  sobre el fondo que debe declararse en la sentencia definitiva y no incidentalmente en una  decisión interlocutoria.

Sigue expresando la Sala, que la asociación ejerza como propios derechos que le son ajenos, al pretender subrogarse en la posición del comprador, no corresponde al supuesto de hecho contenido en el articulo 346.11 eiusdem.

Sin embargo, el Código Civil, manifiesta lo siguiente:

Que los acreedores pueden ejercer, para el cobro de lo que se les deba, los derechos y acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor.

En cuanto a la protección jurídica del acreedor, está fundamentada en todas aquellas medidas legales que hagan posible al acreedor proteger su crédito, lo cual se hace impidiendo que disminuya el patrimonio del obligado, con la finalidad que su crédito sea cancelado.

Entre estas medidas que la legislación otorga al acreedor para proteger su crédito, se tienen:

  •  La Fianza.
  •  Prenda.
  • Anticresis.
  • La hipoteca.
  • Todas ellas se realizan antes que la obligación sea exigible.

Es de gran importancia señalar que el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil, otorgan diferentes formas que le dan al acreedor derechos determinados entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

  • Que se exija la declaratoria de herederos del deudor.
  • Oponerse  a la partición de bienes.
  • Solicitar la división y partición de los bienes en los que su deudor sea condómino.

No obstante, es necesario que el titular deberá tener un crédito cierto e irrevocable.

Las acciones que le corresponde ejercitar  a su deudor, las promueve el acreedor a nombre de aquel.

En muchas oportunidades el deudor, manifiesta a su acreedor que no puede cancelar la deuda, por cuanto a el tampoco le cancelan sus deudas.

Pero la mayoría de las veces, es porque no realiza las diligencias necesarias para hacer efectivo ese cobro a su deudor.

En tal sentido, cuando este deudor irresponsable no cancela sus deudas a los acreedores, estos pueden cobrar sus deudas ejerciendo los derechos y acciones reales y personales que ese deudor tenga contra terceros.

Esto significa, que los acreedores pueden actuar contra los deudores del deudor, con la salvedad que se trate de derechos que sean inherentes a las personas, como es el derecho a heredar, la pensión de vejez, lo que se denomina acción oblicua.

La doctrina y la jurisprudencia han coincidido en realizar una interpretación restrictiva la facultad del acreedor. Y esta interpretación se basa en dos principios que se contraponen en la siguiente:

Que el acreedor su único interés es ejercer el mayor número de acciones y derechos de su deudor para evitar que se le perjudique por la irresponsabilidad del deudor y al mismo tiempo el interés del deudor de no perder la facultad de ejercer libremente sus derechos para disponer de su patrimonio.

El acreedor no puede ejercer sino aquellos derechos de los cuales el deudor sea titular.

Sea el caso cuando el deudor tiene un crédito del que no exige su pago o es propietario de una cosa que está en manos de un tercero.

En estos casos  los derechos pueden ser ejercidos por el acreedor. Pero nada de esto es coherente con la aplicación del artículo 1278 del Código Civil.

Pero la doctrina sostiene que también pueden ser ejercidas, no solo las acciones sino también los derechos que están siempre tutelados por su acción correspondiente.

En tal sentido, esto da lugar a que se pueden ejercer las acciones para que sea cobrado las deudas que tenga pendiente el deudor por cualquier causa. Sería el caso a la resolución o nulidad de un contrato.

La nulidad de un testamento.

El acreedor no puede ejercer derechos y acciones futuras del deudor, que todavía no haya ingresado dentro de su patrimonio, ni tampoco puede ejercer los actos del deudor que constituyen simples facultades.

 Sea el caso que el acreedor no puede realizar en nombre de su deudor las compra-ventas, permutas, de arrendar a un precio más alto al indicado por el deudor.

El acreedor puede aceptar por el deudor una herencia.

Es por ello que el artículo 1017 del Código Civil, permite a los acreedores hacerse autorizar judicialmente para aceptar la herencia hasta el monto concurrente de sus créditos.

Cuando alguien renuncia a una herencia en perjuicio de sus acreedores, estos podrán hacerse autorizar judicialmente, para aceptarla en nombre y lugar de su deudor.

En este caso la renuncia es nula, no es favor del heredero que la ha renunciado, sino en provecho de sus acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos.

El 25 de Diciembre de 2018 publicaré el siguiente de esta serie de escritos

Texto publicado el 17 de Diciembre de 2018, aquí abajo, en la sección de comentarios, responderé con gusto a tus preguntas sobre este tema

Sigue los siguientes enlaces y leerás sobre temas como:

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