Responsabilidad Penal de los Adolescentes: sentencias del TSJ

Este escrito es sobre algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia relacionados con la responsabilidad penal del adolescente.

Traté sobre los recursos de apelación en la parte VII de esta serie de escritos sobre responsabilidad penal de los adolescentes

Sentencia sobre hechos punibles donde estén involucrados adolescentes 

En sentencia No 322-15 del 25 -09-2015 de la Corte Superior Sección Adolescente en relación de varios adolescentes por encontrarse presuntamente incursos en un robo agravado y agavillamiento previsto y sancionado en el articulo 458 y 286  del Código Penal.

Se omiten los  respectivos nombres de conformidad con los artículos 65 y 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en contra de una ciudadana, que se omite el nombre de conformidad con el artículo 60 de la Carta Magna y la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 08-05-2012 y expediente No 11-0855.

Es importante  señalar lo que indican estas normas jurídicas

La omisión de los nombres de los adolescentes, tiene su base en estas normas jurídicas que expresan que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen por lo que tienen derecho a su vida privada e intimidad de la vida familiar.

Por lo que se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, su imagen contra la voluntad de su padre, madre, representante o responsables.

De igual forma se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio que directa o indirectamente pueda identificar al adolescente.

En cuanto a la ciudadana adulta, la norma constitucional manifiesta que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad  y reputación.

En cuanto al robo agravado, cuando el mismo se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas y una de ellas hubiere estado armada o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazada, se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será de 10 a 17 años, sin perjuicio a la persona acusada de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas.

NO gozarán de los beneficios procesales.

En relación al agavillamiento, es cuando dos o más personas se asocian con la finalidad de cometer delitos.

Aclarados estos puntos relativos a las normas jurídicas, se continúa con la sentencia de la Corte Superior del Estado Zulia.

Fue un recurso interpuesto en fecha 16-09-2015  contra la decisión del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Colon y F.J.P  de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Santa Bárbara del Zulia, él cual dictó lo siguiente:

Seguir el proceso por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo establecido en los artículos 551 y 561 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Medida cautelar de presentación de cada 8 días, de acuerdo al artículo 582 literal “C” de la ley especial.

Se remitió el asunto a la Fiscalía Decima Sexta del Ministerio Público, para proseguir las investigaciones con los imputados.

Que la investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso, si un adolescente concurrió con su perpetración.

Que concluida la investigación el fiscal del Ministerio Público deberá proceder de la siguiente manera:

  • Ejercer la acción penal pública, presentando la acusación.
  • Solicitar la suspensión del proceso a prueba, cuando se haya logrado un preacuerdo conciliatorio entre las partes.
  • Solicitar la remisión en los casos que proceda.
  • Solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción.
  • Solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan la acción. Este estudio relativo a esta norma jurídica ya fue explicado con anterioridad.

La Corte Superior expresó que el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es la norma que regula los vacíos de esta ley especial  y remite de manera supletoria  al Código Penal, Código Procesal Penal y al Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al análisis y alcance de esta disposición legal, la Sala Constitucional  en sentencia 896 de fecha 08-06-2011 ha señalado lo siguiente:

“… debe analizarse de acuerdo al espíritu, propósito y razón del legislador, así como aplicarse en su integridad, puesto que contiene la forma de interpretación  y aplicación de la norma adjetiva penal para los adolescentes en conflicto con la ley penal…”

Más adelante la Corte Superior, argumentó que existe una diferencia entre el proceso penal de adultos y  la jurisdicción penal de la responsabilidad del adolescente, ya que la norma penal busca penalizar a aquel que haya cometido un delito.

Mientras que la ley especial es educativa, por ello no penaliza, sino que sus sanciones son educativas.

Por lo que esta diferencia al computar la pena, en los casos de los adultos y de los adolescentes, una sanción educativa en caso de responsabilidad penal de ese adolescente.

Ya que para los adultos la pena máxima es de 30 años y la de los adolescentes es de 10 años, como lo señala el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En relación a los recursos en la ley especial no existe el efecto suspensivo, ya que solo contempla los recursos de revocación, apelación, casación y revisión expresados en los artículos 607, 608, 610, 611 y  612 de la Lopnna.

El efecto suspensivo se encuentra señalado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición que no es aplicable en la jurisdicción especial, por cuanto la Lopnna prevé  en el artículo 557 la aprehensión en flagrancia y el procedimiento abreviado.

Por lo que resulta inaplicable la interposición del recurso de apelación de efecto suspensivo por parte del fiscal del Ministerio Público, que no  lo está señalado en la Lopnna, pero si en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por tanto, la Corte Superior declaró inadmisible el recurso por inimpugnable, por parte del fiscal del Ministerio Público.

Este escrito es acorde a las leyes vigentes al momento de su publicación, 26 de Noviembre de 2018

Continúa leyendo mis escritos para aclarar tus dudas legales, entre muchos otros, en este blog están disponibles:

  • En  la sección sobre Derecho Constitucional, entre otros escritos sobre la Inmunidad Parlamentaria y las Manifestaciones Públicas, así como consideraciones sobre la Nacionalidad del Presidente de la República

Aquí abajo, en la sección de comentarios, responderé tus dudas sobre este tema

Gracias por leer mi escrito

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .