Redacción de un poder en Venezuela

En este escrito te muestro lo que indica la Ley en Venezuela sobre la redacción de un poder.

Los mandatos o poderes de representación en Venezuela

De conformidad con lo señalado en la doctrina, el poder, es toda aquella facultad de realizar diligencias en nombre de otra persona, lo que esa misma persona haría con el mismo en determinado asunto.

Continuemos

El poderdante

El poderdante, es aquella persona que da poder o facultades para que la represente en juicio o fuera del juicio.

El Poder General para Litigar

El poder general para litigar, es aquel se otorga a cualquier apoderado sin que se atribuya ninguna facultad en especial.

Esto con la finalidad que debe encargarse de atender lo concerniente en un juicio, donde se le ha conferido el respectivo mandante por el poderdante.

Es necesario recalcar que dentro de un poder, se pueden conceder facultades especiales para que se puedan llevar a cabo uno o varios asuntos determinados.

El poder especial

El poder especial, son importantes, por cuanto el poderdante los otorga para convenir, desistir o transigir de la demanda que se dispone en el derecho.

Definición de Carnelutti

Define al poder, como aquella posibilidad de mandar para lograr la composición de un conflicto de intereses y los distingue de aquel derecho subjetivo ya que este, es la posibilidad de valerse del mandato para el prevalecimiento de un interés propio.

Esto significa que ambos poderes son atributos de voluntad, pero el poder significa dominio de la voluntad ajena y el derecho de cambio, dominio de la propia, es decir libertad.
En sentencia del 14 de agosto de 1991 la Sala bajo la ponencia del Magistrado Febres Cordero señaló lo siguiente:

“En el contenido del mandato Judicial debe hacerse referencia a la extensión de poderes que el poderdante otorgue a su apoderado. Por tanto, el instrumento respectivo debe hacer constar las facultades conferidas al abogado, porque todo mandato tiene su contenido y un límite que no puede ser excedido.

El mandato concedido en términos generales, dice el artículo 1688 del Código Civil, no comprende más que los actos administrativos.

Y el mandato puede ser general para todos los juicios o solo para determinados juicios.

De ahí la división de poder general, que faculta para intervenir en cualquier proceso, desde su constitución, hasta la ejecución de la sentencia y poder especial que limita el ejercicio del mandato a un juicio determinado o señalados juicios”

Carnelutti

El poder Apud Acta

El poder apud acta es aquel mandato, que se confiere en las propias actas del expediente, se otorga o se sustituye mediante un acta o diligencia, haciendo constar que se autoriza a determinado abogado para representar en juicio a otra persona.

Esta forma de conceder poder está consagrado en el Código de Procedimiento Civil, cuando se permite otorgar el poder ante el funcionario que tenga la atribución de autorizar las exposiciones de las partes en el Tribunal donde se encuentre la causa.

Por ser muy sencillo, tiene gran aceptación en la jurisprudencia con la finalidad de facilitar el otorgamiento, como la sustitución de poderes en el propio expediente de la respectiva causa.

El poder apud acta, para el juicio que se encuentra en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal quien firmará el acta, junto con el otorgante y certificará su identidad.

Al ser sustituido el poder por el mandatario judicial, debe dar cumplimiento a lo establecido en las diferentes normas del Código de Procedimiento Civil.

Estas normas jurídicas señalan, que:

“Si el poder fuere otorgado a nombre de otra persona, natural o jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce.

El funcionario que acredite el acto hará constar en la nota respectiva, los documentos, gacetas, libros o registros que le han sido exhibidos, con expresión de sus fechas origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación jurídica de los mismos”

Código de Procedimiento Civil

Por tanto, debe ser firmado por el funcionario que lo autorice, y por el poderdante.

En tal sentido la casación ha sido exigente de este requisito, sin la cual el poder apud acta, no se considera otorgado en forma legal.

La Sala de Casación Civil, en ocasión de interpretar el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, en su decisión del 28 de septiembre de 1988 (Inversiones Viancar, SA contra La Gran Pizza, CA) manifestó lo siguiente:

“… se observa que la redacción del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil es, sin embargo, antes confusa, y pudo haber sido más precisa, pues si bien el artículo señala que el otorgante debe enunciar en el poder y exhibir al funcionario que autorice el acto, los recaudos que demuestren el carácter con el cual procede, lo cierto es que el artículo 155 no aclara la forma en que el otorgante está obligado a enunciar los recaudos.

Es decir, que aun cuando el artículo en cuestión no deja lugar a dudas, acerca de la obligación en que esta el otorgante de enunciar y exhibir los recaudos que demuestran el carácter con el cual procede, no señala como deben enunciarse los recaudos.

Podría sostenerse, debido a lo ambiguo de la redacción, que el otorgante, tal cual lo preveía el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil derogado, debe transcribir las partes pertinentes de los recaudos que acreditan el carácter y facultades con las cuales otorga el poder.

Una segunda posibilidad, seria que el otorgante solo está obligado a enunciar en el poder los datos más relevantes de los distintos recaudos que acreditan su carácter, con una breve descripción a los actos a que se refiere el recaudo en cuestión.

Por último, una tercera posición, seria que el otorgante no está obligado a transcribir los recaudos que acreditan representación, sino que basta que los mencione sin mayor detalle en el cuerpo del poder y los exhiba al funcionario que autorice el acto, quien tendría la obligación de copiar en la nota respectiva cuales fueron los recaudos exhibidos”

Sala de Casación Civil

A criterio de la Sala de Casación Civil la segunda posición, es la que se ajusta al contenido más al contenido del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, por las siguientes razones:

La intención del legislador en el nuevo Código de Procedimiento Civil, en lo posible simplifica el otorgamiento del poder de las personas naturales o jurídicas, eliminando el sistema que preveía el Código de Procedimiento Civil derogado, de transcripción en el poder de los recaudos.

El significado literal de la palabra enunciar, la cual se traduce en expresar el otorgante en el poder, de manera breve y sencilla los recaudos que acreditan su representación y contenido.
Ello, no obsta para que el otorgante si lo desea incluya una transcripción parcial más completa de aquellos recaudos que acreditan su representación, tal como lo preveía el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil derogado.

Pero si está claro es que el articulo 155 exige que el otorgante en el poder, al menos, identifique breve y sencillamente los recaudos que supuestamente acreditan la representación con que actúa, para que posteriormente el funcionario que autorice deje constancia de los documentos que le fueron exhibidos por el otorgante y que están identificados en el poder.

La obligatoriedad de parte del otorgante de enunciar en el poder y exhibir al funcionario que autorice el acto, recaudos que acreditan la representación que ejerce de la persona natural o jurídica, que además deriva del siguiente:

Del propio texto del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, el no deja dudas acerca de la interpretación, por cuanto expresa:

“… el otorgamiento deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros” que acreditan su representación.

A su vez el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, prevé que si la parte contraria solicita la exhibición de los documentos, gacetas, libros o registros mencionados en el poder, el apoderado estar en la obligación de presentarlos en la oportunidad que fije el tribunal de la causa, para que el solicitante pueda hacer las observaciones que considere pertinentes y el tribunal resuelva acera de si el poder es eficaz…”

Código de Procedimiento Civil

De lo expuesto, se evidencia que el mandatario está en la obligación de enunciar en el poder y exhibir al funcionario que autorice el acto, los recaudos que acrediten la representación que ejerce, tal como lo señalo la Sala de Casación Civil el 8 de julio de 1993.

Los apoderados

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, cuando las partes gestionen en el proceso civil, por medio de apoderados, estos deben estar facultados con mandatos o poder.

En tal sentido, son capaces para obrar en juicio, todas aquellas personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, los cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo aquellas limitaciones que están indicadas en la ley.

En este sentido, la Sala de Casación Civil del 11 de agosto de 1988, expresó que en principio la aptitud para llevar a cabo actos validos en un proceso, solo corresponde a las partes que estén identificadas en la relación procesal.

Por tanto, las partes son los sujetos pasivos y activos de la relación procesal, y solo a ellas, en su diversa situación de actores o demandados, están investidos de la capacidad necesaria para intervenir y realizar actos validos en el proceso.

En tal sentido, no hay dudas que la ley autoriza excepcionalmente la intromisión por vía incidental de un tercero en un proceso y por consiguiente, en lo que se refiere a esa incidencia, el tercero sigue siendo tal, respecto al juicio principal.

Esto trae como consecuencia, que en la incidencia en la cual es parte, no podría negársele al tercero su legítimo derecho de apelar de las decisiones que le causen gravamen y eventualmente recurrir en casación.

Es importante indicar, que el apoderado judicial está debidamente facultado para realizar en un proceso civil por otra persona, cuando resulte determinado en el expediente, que antes del acto, ya había otorgado el poder invocado, aun si este solo fuere incorporado al expediente, con posterioridad a la realización del acto, como lo expreso la Sala de Casación Civil el 18 de febrero de 1992.

Las personas que no tengan el libre ejercicio de su derecho, deben ser representadas o asistidas en juicio, de conformidad con las leyes que regulen su estado o capacidad.

Las personas jurídicas están en los juicios por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos o contratos.

Si fueran varias las personas investidas de su representación en juicio, la citación se podrá realizar en la persona de cualquiera de ellas.

Al respecto, la Sala de Casación Civil en sentencia del 10 de agosto de 1989, expresó, que el formalizante trae en su apoyo, jurisprudencia de este Supremo Tribunal, establecida en sentencia del 12 de junio de 1968, en la cual se manifestó que la citación en juicio contra una sociedad debe practicarse en la persona de todos los miembros del correspondiente órgano social.

Sin embargo, la Sala entro en dudas respecto a la correcta interpretación del artículo 1098 del Código de Comercio el cual reza:

“La citación de una compañía se hará en la persona de cualquiera de sus funcionarios investidos de su representación en juicio.

Las acciones por créditos privilegiados sobre la nave, en los términos del artículo 615, pueden intentarse contra el capitán.

En este sentido, la Sala ha decidido cambiar su jurisprudencia, no puede quedarse atrás una interpretación como la establecida por este Supremo Tribunal.

Por eso cuando la recurrida al interpretar expresamente el artículo 1098 del Código de Comercio, consideró valida y suficiente para interrumpir la prescripción de la acción, la citación de uno de los dos directores de la empresa demandada.

A pesar de que en sus propios estatutos establecen que, es requisito indispensable la actuación conjunta de los dos directores para que la misma sea válida.

Por tanto queda modificada la jurisprudencia contenida en sentencia del 12 de junio de 1968.

Este cambio de criterio de la Sala de Casación Civil fue reiterado el 5 de abril de 2001.

En sentencia de la Sala Político- Administrativa del Supremo Tribunal del 14 de febrero de 1996 expreso que la facultad de representar en juicio a una persona jurídica puede provenir no solo de un poder, sino también de disposiciones estatutarias.

En sentencia del 3 de agosto de 1959, la Corte hizo recepción de la teoría de la representación orgánica de Enrico Redenti.

La Sala ha establecido que los entes jurídicos pueden comparecer por medio de las personas físicas investidas de su representación, como si fuera el mismo ente jurídico, de acuerdo a sentencia de la Sala de Casación Civil del 9 de octubre de 1996.

La norma es perfectamente clara cuando expresa la forma en que las personas jurídicas, deben comparecer en materia judicial.

Así el actor debe lograr la citación de la persona jurídica, cualquiera que ella sea, según lo disponga la ley, los estatutos o los contratos, al mismo tiempo, evita la norma el antiguo ardid de establecer estatutariamente la representación judicial conjunta de dos o más personas, previendo que bastar efectuar la citación en cualquiera de las personas que estén investidas con el carácter de representante judicial de un ente moral.

De acuerdo a sentencia de la Sala Político- Administrativo del 22 de abril de 1998 es importante, mencionar que el Tribunal Supremo ha hecho recepción de la Teoría de la Representación Orgánica de Enrico Redenti, acerca de la actuación en juicio de las personas jurídicas.

De este supuesto, trata el denunciado artículo 138 del Código de Procedimiento Civil que manifiesta, que si fueran varias las personas investidas de representación de la empresa, la citación podrá hacerse en la persona de cualquiera de ellas.

Esta disposición es acertada, por cuanto la función pública del proceso, estipula en el nuevo artículo 14 ibidem, no puede ser entrabada por las disposiciones estatutarias de los particulares.

No se le puede imponer al órgano jurisdiccional, en perjuicio de la economía y celeridad procesal, la carga de tener que citar a dos o más personas para ponerlas a derecho en juicio.

Basta, a esos efectos, citar a cualquiera de las personas o administradores, lo cual es ya garantía de conocimiento de la litis para la empresa, que es el objetivo final de la citación, de acuerdo a sentencia de la Sala de Casación Civil del 5 de abril del 2001.

Es importante señalar, que cuando la persona carezca de medios económicos, para acudir a los tribunales por medio de apoderados judiciales, pueden acudir a la Defensa Pública para que se les asigne un abogado que los represente; o bien el propio Juez del tribunal de la causa hará los trámites para que le sea designado un abogado.

En la parte penal, el Juez hará los trámites para que el imputado o acusado tenga un defensor público.

En este mismo sentido, cuando sea la victima que no tenga medios económicos, será el Fiscal del Ministerio Público quien lo representara en todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales.

Gracias por leer todo el escrito, espero te haya aclarado tus dudas, más sobre este tema del poder y su redacción en mi próximo escrito, a ser publicado el 17 de Diciembre de 2018

En este blog también podrás leer, entre muchos otros, mis escritos sobre:

14 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Ana del Socorro Diaz dice:

    Gracias Dr, me han sido de mucha utilidad sus publicaciones, me gustaria conocer de ud acerca de la Reinserción Social de los privados de libertad

    Me gusta

    1. Hola Ana.

      Cuando el penado esta cumpliendo su sanción penal en los centros penitenciarios, allí tienen la primera oportunidad de la redención de la pena por el trabajo y el estudio.

      Luego al cumplir su pena, existen instituciones donde le facilitan los medios necesarios para llevar a cabo una vida normal dentro de la sociedad.

      En el mismo centro penitenciario existen personal especializado que le pueden señalar donde pueden acudir.

      Gracias por leerme.

      Le gusta a 1 persona

  2. dexy dice:

    Hola Dr. buenas tardes, me encantan sus escritos. pero tengo ya casi 2 meses que no recibo notificaciones de su pagina. Me gustaria recibir el tema del divorcio. Grcias!!

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    1. Hola Dexy

      Tienes dos meses sin recibir notificaciones de mi página, porque llevo un tiempo sin publicar

      Sigue el link a continuación para leer más sobre el divorcio

      Gracias por estar pendiente

      Saludos

      Le gusta a 1 persona

  3. victor dice:

    saludos profesor excelente

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  4. pererapg dice:

    Mejor imposible estimado colega. bueno sería que todos los abogados puedan leer sus comentarios. excelente .!

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    1. Muchas gracias colegas

      Pues bien,invita a tantos colegas y estudiantes de derecho a mi Blog sobre la ley en Venezuela

      Saludos

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