La Audiencia Preliminar: Procedimiento de admisión de los hechos

Trataré en el presente escrito el procedimiento de admisión de los hechos en la audiencia preliminar según lo indicado en la Ley en Venezuela

También te recomiendo leer su relación con la jurisdicción y la audiencia de imputación

El procedimiento por admisión de los hechos

El procedimiento por admisión de los hechos.

Tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, antes de la recepción de las pruebas.

El Juez debe informarle al acusado, respecto al procedimiento de admisión de los hechos concediéndole la palabra.

El acusado podrá solicitar la aplicación de este procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitara al tribunal la imposición inmediata de la pena.

El Juez podrá rebajar la pena al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Pero, cuando se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas que exceda de ocho años en su límite máximo y en los casos de delitos de secuestro, homicidio intencional, lesa humanidad, legitimación de capitales, crímenes de guerra, delitos que causen graves daños al patrimonio público entre otros antes mencionados, pero que excedan de ocho (8) años en su límite máximo.

Solo podrá el Juez rebajar la pena hasta un tercio de la pena aplicable.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 224 exp No C05-0365 del 23-05-2006 manifestó que la solicitud por escrito del procedimiento de admisión de los hechos no es limitativa, sino facultativa, ya que no impide que el imputado pueda realizar esa solicitud en el acto de la audiencia preliminar.

En sentencia No 310 del 06-06-2005 la misma Sala de Casación Penal señalo que, la Sala advierte que los Jueces de Control que es necesario que la admisión de los hechos sea congruente con pruebas o indicios existentes y en tal sentido los jueces de Control deben, antes de imponer al acusado sobre la posibilidad que admitan los hechos, revisar los respectivos autos.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 1419 del 20 de julio del 2006 exp No 05-1564 manifestó que, el procedimiento por admisión de los hechos es una forma de autocomposición procesal que creó el legislador de manera especial, de la terminación anticipada del proceso.

Que los hechos que el imputado admite son los comprendidos dentro de la acusación y solicitud de la imposición inmediata de la pena.

El imputado solo podrá admitir los hechos en la audiencia preliminar y una vez que el haya admitido la acusación y en el caso del procedimiento abreviado solo procederá en la audiencia de juicio oral, una vez presentada la acusación y antes que el Juez haya dado inicio al debate.

En sentencia No 1712 del 06-10-2010 exp No 06-0900 la misma Sala Constitucional indico que, no sería jurídicamente entendible como podría condenarse en el procedimiento abreviado por admisión de los hechos, si respecto a estos no hubiera resultado la culpabilidad y en ultimo termino la responsabilidad del procesado, independientemente de la manifestación que hubiera expresado dicho reo.

Procedimiento para juzgar al Presidente de la República y altos funcionarios.

Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, declarar si hay o no merito para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado, previa querella del Fiscal General de la República.

Sobre este particular se pronuncio la Sala Constitucional del TSJ en sentencia No 1330 de fecha 20 de junio del 2002.

Todo el procedimiento se encuentra establecido en los artículos 376, 377, 378, 379, 380 y 381, del actual Código Orgánico Procesal Penal del 15 de junio del 2012.

Igualmente, se encuentran al respecto las sentencias de la Sala Plena del TSJ en sentencias Nos 46 exp No2007-00101 del 23 de septiembre del 2010, sentencia No 47 exp No 2009-00194 del 23 de septiembre del 2009.

De igual manera en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se indica la forma como procede el enjuiciamiento del Presidente de la República.

El procedimiento de extradición

Para ello existen los siguientes elementos:

Está regido por lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia señalo que, es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que pida o que le sean aplicables sus leyes penales. Que el hecho causante de la extradición tenga carácter delictual en la legislación del Estado requirente y en la del requerido.

Se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados no sea menor de un (1) año de privación de libertad del imputado.

Queda excluida la extradición de los delitos políticos y conexos con ellos. No procede la extradición si han prescrito el delito o la pena según las leyes del Estado requirente o del requerido.

Se consideran varios aspectos para la extradición:

La extradición activa, es cuando el Ministerio Público tuviera información de que un imputado al cual se le haya dictado medida cautelar de privación de libertad, se encuentre en país extranjero.

Solicitará al Juez de Control que inicie el procedimiento de extradición activa.

Se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual dentro del lapso de treinta (30) días continuos a partir del recibo de la documentación y previa opinión del Ministerio Público declarara si es procedente o no la extradición y en caso afirmativo enviara copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.

En caso de fuga del acusado sometido a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez de Juicio.
Si el fugado fuere quien esté cumpliendo condena el tramite le corresponderá al Juez de Ejecución.

En sentencia No 373 del 11-10-2011 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia indico que, corresponde a esa Sala el conocimiento de las solicitudes de extradición, siempre que haya una decisión del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control que acuerde el inicio de la solicitud activa efectuada por el Ministerio Público.

El Ministerio de Relaciones Exteriores certificara y hará las traducciones cuando corresponda y presentara la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo de sesenta (60) días.

En relación a las medidas precautelativas en el extranjero, su detención preventiva y la retención de los objetos del delito, por requerimiento del Ejecutivo Nacional.

Esta solicitud debe estar fundamentada en relación al delito realizada ante el Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a lo antes explicado.

Al realizar esta diligencia el órgano al que corresponda deberá formalizar la petición de extradición dentro del plazo previsto en la convención, tratado o normas del derecho internacional aplicable.

La extradición pasiva, es cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna de las personas que se encuentre en el territorio de la República.
El Poder Ejecutivo, remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

La Sala de Casación Penal en sentencia ha expresado en sentencia No 211 del 22-05 del 2006 que sea aprehendido al solicitado de acurdo con la solicitud realizada por el Ministerio Público al tribunal de control.

Dentro de las medidas cautelares, esta que al solicitarse la extradición por gobierno extranjero sin la documentación respectiva, pero que luego la remitirán, que sea aprehendido la persona.

El tribunal de control lo ordenará a solicitud del Ministerio Público, lo podrá realizar debido a la gravedad y urgencia de esa solicitud.

Cuando se aprehenda deberá ser presentado dentro de cuarenta y ocho (48) horas siguientes ante el Juez que ordeno su aprehensión, para ser informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia que señalara el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta (60) días continuos.

Este término perentorio se computara desde que conste en el respectivo expediente, la notificación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la detención al gobierno del país requirente.

Vencido el lapso de los 60 días el Tribunal Supremo de Justicia, ordenara la libertad del aprehendido, en caso de no haber recibido la documentación ofrecida, sin perjuicio de ordenar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente recibe la documentación.

Los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado para que lo represente en el proceso de extradición.

Solo cuando conste la documentación de la solicitud de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia, convocara a una audiencia oral, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado.

A esta audiencia concurrirá el representante del Ministerio Público, el requerido, su defensor y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos
Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de 15 días.
Procedimiento de acción privada o de los delitos de acción dependiente de instancia de parte.

Debo mencionar los siguientes elementos:

No se puede proceder al juicio de delitos de acción dependiente de acusación o instancia de parte agraviada.

Esto solo procede por acusación privada de la victima ante el tribunal competente respectivo.

Por tanto es de la exclusividad de la víctima, por ser la persona ofendida entre las cuales se pueden mencionar:

El cónyuge o la persona que mantenga relación estable de hecho, hijo, padre o madre adoptiva.

Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al heredero en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido.

Delitos cometidos con una persona menor de dieciocho (18) años.

Los socios, accionistas o miembros respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirige, administran o controlan.

Las asociaciones, fundaciones y otros entes en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vinculen directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

Si las víctimas sean varias personas deberán actuar por medio de una sola representación.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 1089 del 04-06-2004 señalo que, el juzgamiento de los delitos de acción privada, se realizara mediante acusación privada por escrito ante el Tribunal de Juicio.

El COPP señala que la acusación privada debe formularse por escrito por ante el tribunal de juicio y deberá llenar las formalidades del COPP.

Entre otras: La identificación completa, profesión, domicilio o residencia del acusador privado, numero de cédula de identidad, relaciones de parentesco con el acusado.

La identificación y ubicación del acusado.

Delito que se le imputa, día y hora de la perpetración del delito, elementos de convicción entre otros.

El acusador privado podrá solicitarle al Juez de Control, el respectivo auxilio judicial para que sea realizada la investigación preliminar para identificar al acusado. Se ordenará al Ministerio Público la práctica de diligencias.

Este auxilio judicial, solo procede a favor de la víctima. Concluida la investigación preliminar, sus resultas serán entregadas al Juez de Control en original a la víctima, dejando copia certificada en sus archivos.

La Sala Constitucional en sentencia No 234 del 14 de marzo del 2005, señalo que durante la investigación solicitada por auxilio judicial, el imputado deberá ser citado a los fines que ejerza su derecho a la defensa.

La victima podrá ejercer la respectiva apelación, cuando el Juez de Control niegue la práctica de la investigación preliminar dentro del cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

La inadmisibilidad de la acusación privada será declarada por el Juez de juicio en los siguientes casos:

Cuando el hecho no revista carácter penal.

Que la acción este prescrita o verse sobre hechos punibles de acción pública.

Que falte un requisito de procedibilidad.

Se podrá ejercer el recurso de apelación respectivo contra esta decisión de inadmisibilidad de la acusación privada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación.

En caso que la Corte de Apelaciones confirme la decisión, el Juez de Juicio devolverá a la victima el escrito y las copias acompañadas, incluyendo las decisiones dictadas.

En cuanto a la subsanación, que sean necesarias realizar el Juez de Juicio le dará a la victima un plazo de cinco (5) días hábiles para corregirla, que se contaran a partir de la fecha del respectivo auto, y se hará constar lo que debe ser corregido.

En caso contrario se archivará.

Cuando la inadmisibilidad quede firme, el acusador podrá proponer nuevamente la acusación privada, por una sola vez, corrigiendo los defectos, con mención a la desestimación anterior.

De la audiencia de conciliación de la acusación privada.

Esta presenta los siguientes elementos:

Admitida la acusación privada, se le tendrá al acusador como querellante.

El tribunal de juicio ordenara la citación personal del acusado mediante la respectiva boleta de citación.

Esto con la finalidad que nombre a su defensor y sea juramentado.

El Juez de Juicio deberá convocar a las partes por auto expreso sin necesidad de notificación a una audiencia de conciliación.

Esta audiencia se realizará dentro de un plazo no menor de diez (10) días ni mayor de veinte (20) días.

Contados a partir de la fecha de aceptación y juramentación del cargo por parte del defensor del acusado.

Transcurridos los cinco (5) días de la comparecencia del acusado al tribunal para imponerle de la admisión de la acusación. Cuando el acusado requiera un defensor de oficio, el tribunal le asignara uno.

A la boleta de citación se acompañara copia certificada de la acusación y de su auto de admisión.

Procedimiento por incomparecencia del acusado

Se procederá de la siguiente forma:

Cuando no se logre la citación personal del acusado, el tribunal previa petición del acusador, ordenar su citación mediante la publicación de tres (3) carteles en la prensa nacional en caso que se haya realizado la acusación en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

De dos (2) carteles en la prensa nacional y uno (1) de la prensa regional, en aquel caso que la acusación haya sido realizada en otra circunscripción judicial con tres (3) días de diferencia entre cada cartel. Dichos carteles deberán contener todos los datos que sirvan para identificar al acusado.

En los carteles se indicara la acusación de la cual ha sido objeto, la fecha de admisión, el delito imputado y la orden de comparecer al tribunal.

Deberá comparecer al tribunal para nombrar su defensor dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en la cual conste la consignación del último de los tres (3) carteles publicados.

Los costos de esta publicación son por cuenta del acusador

Transcurridos ese lapso y si aún persiste la incomparecencia del acusado el tribunal de juicio a solicitud del acusador podrá ordenar a la fuerza pública su localización y traslado al tribunal, para que el Juez le imponga de la acusación en su contra y del derecho que tiene en designar un defensor.

Dentro de las facultades y cargas de las partes se tienen en la acusación a instancia de parte.

Dentro de sus elementos se encuentran.

Es importante indicar, que tres (3) días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia de conciliación, el acusador podrá, oponer las excepciones previstas en el COPP, y que solo pueden oponerse en esa oportunidad.

El Copp faculta que se puede pedir la imposición o revocación de una medida de coerción personal.

Que se puede proponer acuerdos reparatorios o solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos.

También se pueden promover las pruebas que serán producidas en el juicio oral, donde se indicará su necesidad y pertinencia.

En sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No 797 de fecha 11-05-2005 señala que una vez admitida la acusación, el Juez procederá a citar al acusado mediante la respectiva boleta y una vez que haya designado al defensor se procederá a convocar a las partes a una audiencia de conciliación.

En el pronunciamiento del tribunal, cuando no haya prosperado la conciliación el Juez pasara a pronunciarse acerca de las excepciones opuestas, las medidas cautelares y la admisión o no de la pruebas promovidas.

En caso que la acusación privada tenga defectos, el acusador privado podrá subsanarlas de inmediato en caso de ser posible.

Cuando el Juez declare sin lugar las excepciones opuestas o declare inadmisible una prueba, solo podrá ser apelada junto con la sentencia definitiva.

Pero cuando el Juez declare con lugar una excepción o se hubiera decretado una medida de coerción personal, según sea el caso, el acusador o acusado podrán apelar dentro de los cinco (5) días siguientes.

El recurso de apelación en los casos de una medida de coerción personal, no suspenderá el procedimiento.

Importancia del juicio oral y público

En los casos que no hayan prosperado las excepciones o bien cuando las mismas no se hubieran interpuesto el Juez procederá de la siguiente manera:

Convocará a las partes a la celebración del juicio oral y público.

Este juicio deberá ser celebrado en un plazo no mayor de diez (10) días, los cuales se contaran a partir de la celebración de la audiencia de conciliación.

En el procedimiento por admisión de los hechos, si el acusado lo solicita, el Juez procederá de conformidad con lo señalado en el COPP.

En de gran importancia señalar que el poder para representar al acusador privado debe ser un poder especial, el contendrá lo siguiente:

Los datos de la identificación de la persona contra quien se dirija la acusación y el hecho punible de que se trata.

Este poder, estar constituido con las formalidades de los poderes para asuntos civiles, el cual no podrá abarcar más de tres (3) abogados.

En sentencia de la Sala de Casación Penal en sentencia No 291 de fecha 21 de julio del 2010, manifiesta que el otorgamiento del poder es indispensable para representar a la parte acusadora en un proceso de esta naturaleza y entre esas actuaciones de representación, se encuentra el ejercicio de los medios de impugnación o recursos.

Desistimiento de la acusación privada

En esta se encuentran los siguientes elementos:

En acusador privado que desista (con poder especial) o abandone el proceso pagara las costas que haya ocasionado.

El desistimiento puede ser realizado por el acusador privado o por su apoderado con poder expreso en cualquier estado y grado de la causa.

El acusador privado será responsable cuando su acusación se funde en hechos falsos.

Cuando se litigue con temeridad, al respecto el Juez deberá pronunciarse con fundamentos bien motivados.

Fuera de acto expreso, la acusación privada se entenderá desistida, cuando el acusador privado no promueva pruebas para fundar su acusación.

Cuando el acusador privado sin justa causa no comparezca a la audiencia de conciliación o a la del juicio oral y público.

Esta acusación privada, se considerara abandonada cuando el acusador privado o su apoderado, deja de instalarla por más de veinte (20) días hábiles (cuando deje de impulsarlo la parte acusadora), los cuales se contaran a partir de la última petición o reclamación escrita que se hubiere presentado al Juez.

Pero en el caso anterior, existe la excepción hecha de los casos, que por el estado del proceso, no requiera la expresión de voluntad del acusador privado.

El abandono de la acusación debe ser declarado por el Juez, mediante un auto expreso, el cual será fundado, el cual procederá de oficio o a petición del acusado.

Declarado el abandono, el Juez tendrá la obligación de calificar de manera motivada, en el mismo auto que la declare, si la acusación ha sido maliciosa o temeraria.

Contra el auto que declare el abandono y su calificación y el que declare desistida la acusación privada, podrá interponerse recurso de apelación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación.

Es importante, señalar que al morir el acusador privado, luego de presentada la acusación, cualquiera de los herederos podrá asumir el carácter de acusador, si comparece dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte.

En necesario manifestar que el acusador privado que haya desistido, expresa o tácitamente de una acción privada o la abandone, no podrá intentarla de nuevo.

Aspectos generales que a destacar en la acusación privada o en los delitos de instancia de parte.

En los procedimientos de los delitos de la acción dependiente de instancia de parte para el enjuiciamiento se exige la previa formulación de la acusación privada por parte de la víctima, tal como lo indica el COPP.

El COPP es especifico en cuanto a que es difícil y contra le Ley, proceder al juicio de aquellos delitos que sean dependientes de la acusación privada.

Esta acusación privada debe realizarse por la victima ante el tribunal competente.

Es de gran significación realizar la diferencia entre los delitos de acción pública y los delitos privados.

Los delitos de acción pública, tienen las siguientes características:

Son perseguibles por la denuncia que haga cualquier persona, de oficio por el Ministerio Publico o los órganos de policía de investigaciones penales, por querella de la víctima.

En estos delitos de acción pública, son identificables, por cuanto la Ley no se refiere a la forma de persecución.

Los delitos de acción pública el desistimiento no va a generar ningún efecto extintivo para la acción penal.

Los delitos de acción privada, tiene los siguientes elementos:

Estos delitos son perseguibles por la acción privada por parte de las víctimas.

Se permite ejercer la acción penal contra el acusado y se puede extinguir por el desistimiento.

Estos delitos de acción privada, afecta al acusador, pero también a su familia.

El procedimiento ordinario, solo aplica de manera supletoria a aquellas formalidades que no estén previstas en el COPP y que no se opongan a ella.

En los delitos de acción privada, es un procedimiento especial por cuanto no existe la fase preparatoria ni tampoco la fase intermedia, por cuanto la acusación se debe proponer ante el tribunal de juicio.

Por tanto, la víctima es la legitimada para proponer la acusación privada. La audiencia de conciliación es importante, por cuanto su objetivo es evitar la continuación del mismo, por lo que conduciría al sobreseimiento.

Esta conciliación, lleva consigo el arreglo entre las partes, la cual se produce cuando el querellante, puede aceptar las explicaciones del querellado del asunto controvertido.

No es posible continuar el procedimiento, cuando el acusado no asiste a la audiencia de conciliación, por lo que se debe acudir a la publicación de carteles.

Es importante resaltar que el actual COPP del 2012, no indica el tiempo para que el acusador justifique su inasistencia a la audiencia de conciliación o de juicio oral, para que el Juez decrete el sobreseimiento que está fundamentado en el desistimiento. Este plazo seria de tres (3) días tal como se encuentra señalado en el artículo 161 del COPP.

La indeterminación del tiempo que tenga el tribunal para tomar la decisión, resultaría en hacer nugatorio la norma y que afecte los derechos del acusado.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica en sentencia No 1748 del 15 de julio del 2005 señalo que, el que ha desistido, de manera expresa o tacita de una acusación privada o la ha abandonado, no podrá intentarla de nuevo.
Procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad.

En este sentido se tienen los siguientes elementos:

Cuando el Ministerio Publico, cuando exista inimputabilidad de una persona considere que solo corresponde aplicar una medida de seguridad, se requiere este procedimiento.

La solicitud debe contener, los requisitos de la acusación.

Esta inimputabilidad depende de la incapacidad del imputado. En sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 502 exp No C10-115 del 26 de noviembre del 2011 expresó lo siguiente:

Caso Marioly Margarita Márquez Marín, declaro con lugar la tercera denuncia del recurso de casación, donde anulo el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y por el Tribunal Primero del Juicio del referido Circuito Judicial Penal.

Declaro la Sala la inimputabilidad de esta ciudadana, por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración. Por tanto declaro el sobreseimiento.

Por el tribunal la condeno e incurre en contradicción cuando expreso que la ciudadana para el momento de los hechos, actuó en crisis producto de la enfermedad mental que padece para luego fundamentar su condenatoria en la intención dolosa de la acusada de causar muerte por envenenamiento.

El COPP establece que el procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación:

Al ser el imputado incapaz, será representado para todos los efectos por su defensor en las diligencias de procedimiento, a excepción de los actos de carácter personal.
En este caso no se requerirá la declaración previa del imputado para presentar la acusación.

Sin embargo, su defensor podrá manifestar cuando lo considere conveniente para la defensa de su representado.

Este procedimiento no se tramitara conjuntamente con el ordinario.

El juicio se realizara sin la presencia del imputado, cuando sea conveniente a causa de su estado o por razones de orden y de seguridad.

No será aplicable, las reglas al procedimiento abreviado, ni la de suspensión condicional del proceso.

La sentencia absolverá o bien puede ordenar una medida de seguridad.

En importante señalar que el Ministerio Publico, debe sustentar todo esto con los respectivos exámenes médicos forenses donde debe indicarse la condición mental del imputado y deben solicitar la aplicación de medidas de seguridad.

Cuando el tribunal considere que el investigado, es inimputable, ordenara la aplicación del procedimiento ordinario

Audiencia de imputación según Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El 12 de julio del 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica en sentencia 537 expediente No 17-0658 manifestó lo siguiente:

Conforme a las altas facultades de esta Sala Constitucional, se observa que se ha invocado una disposición de orden público relacionada con el régimen constitucional atinente a la independencia de la actuación del Poder Judicial, lo que determina la presunción de un buen derecho o fumus bonis iuris en los términos invocados por la parte recurrente.

Asimismo, al advertirse una posible vulneración de derechos constitucionales que pudiera conllevar a una lesión jurídica irreparable, esta Sala ante la necesidad de no comprometer la independencia de la actuación de los jueces y juezas que integran el sistema de justicia penal, así como a las víctimas en los procesos penales, a los fines de evitar que durante la tramitación de la presente causa se dicten actos que vulneren los derechos constitucionales, que pudieran dejar ilusoria la ejecución del fallo, determinándose un verdadero periculum in mora, acuerda la medida cautelar solicitada mientras dure el presente juicio, razón por la cual suspende la aplicación del único aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No 6078 extraordinaria del 15 de junio del 2012 hasta tanto esta Sala dicte sentencia definitiva de la presente causa.

En consecuencia esta Sala establece en forma temporal un régimen transitorio temporal referido a la señalada suspensión, esto es, que no decretado el sobreseimiento, el Juez debe ordenar al Ministerio Público, continuar la investigación, sin perjuicio de su autonomía para concluir la investigación nuevamente. Por tal motivo el artículo 305 antes señalado debe leerse de la siguiente manera.

“Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidirá dentro de un lapso de cuarenta y cinco días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a las partes y a la victima aunque no se haya querellado”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de manera provisional indica en su sentencia No 537 que toda persona investigada por la presunta comisión de un hecho punible o aprehendido en flagrancia, obtendrá la condición de imputado(a) una vez que haya sido informado por el Ministerio Publico ante su defensor de confianza o publico si lo tuviere, en la sede del órgano jurisdiccional competente, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría, así como los elementos de convicción que sustentan dicha imputación, ello a los fines que el juez o la jueza ( en funciones de control) garantice y supervise el cumplimiento de la legalidad en el proceso, especialmente a los derechos constitucionales del investigado, por lo que se considerara como” investigado” y no como “imputado” hasta que se cumplan los requisitos legales supra.

Razón por la cual, esta Sala- de forma temporal hasta tanto se resuelva el fondo del presente recurso-estima igualmente de oficio establecer, en resguardo a los derechos del juez natural, debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva, que la declaración prevista en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, se realizara en la sede jurisdiccional con las garantías que el juez competente está llamado a preservar conforme al texto fundamental y por tanto, dicho acto de imputación constituye un acto interruptivo de la prescripción de la acción penal, en atención de los dispuesto en el artículo 110 del Código Penal.

Aspectos a resaltar de la sentencia No 537 del 12-07-2017 expediente 17-0658 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El 13 de junio del 2017 se interpuso demanda de nulidad por inconstitucional conjuntamente con una medida cautelar innominada contra el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Manifiesta la Sala Constitucional haciendo referencia a Calamandrei refiere que como en efecto del matriz servicial de las medidas cautelares, estas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya alcanza su mayor eficacia, en cuanto mas similares sean las medidas que se adoptaran para la satisfacción de la pretensión definitiva, reiterando la Sala que constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.

Señalando más adelante, que el fundamento de la medida cautelar, no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual se deben ponderar las circunstancias concomitantes del caso así como de los intereses públicos en conflicto ello en virtud de la presunción de la legitimidad de los actos del Poder Público.

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, señala que no puede pasar por alto lo dispuesto en el artículo 126 del texto adjetivo penal, razón por la cual en atención al artículo 130 de la Ley que rige sus funciones, el cual le otorga amplio poder cautelar, incluso de oficio con el propósito de resguardar la garantía de presunción de inocencia.
Se indica en la sentencia, que se considerara imputado a toda persona que se le indique como autor o participe de un hecho punible por cualquier acto procedimental de las autoridades encargadas de la prosecución penal( Ministerio Publico).

El articulo 111.8 eiusdem otorga la facultad de imputar, a los presuntos autores del hecho punible al Ministerio Público, ello en razón de ser el titular de la acción penal y por ende encargado de ejercer la acción penal.

En la sentencia 537 la Sala señala que el termino imputado, es utilizado por nuestra norma adjetiva penal de manera ligera y sin distinción procesal alguna de conformidad con el articulo 126 adjetivo, por ello cautelarmente considera esta máxima interprete de la Constitución que lo ajustado a derecho en virtud de las garantías constitucionales precitadas en concordancia con los artículos 2, 4, 5, 7, 13 y 19 del Código Orgánico Procesal Penal es establecer provisionalmente que toda persona investigada por la presunta comisión de un hecho punible o aprehendido en flagrancia, obtendrá la condición de imputado, una vez haya sido informado por parte del Ministerio Publico, ante su defensor de confianza o publico sino lo tuviere en la sede del órgano jurisdiccional penal competente, de los hechos de los cuales se le atribuye, la participación o autoría, así como los elementos de convicción que sustenta dicha imputación, ello a los fines que el Juez de control garantice y supervise el cumplimiento de la legalidad en el proceso, especialmente en los referente a las garantías constitucionales del investigado, por lo que se considera como” investigado” y no como imputado hasta que se cumplan los requisitos señalados supra.

Precisa la Sala que la declaración prevista en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, se realizara en sede jurisdiccional con las garantías que el juez competente esta llamado a preservar conforme al Texto Fundamental y por tanto dicho acto de imputación constituye un acto interruptivo en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal. Pronunciamiento que lo hizo la Sala de oficio.

En de gran importancia expresar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debió hacer estas acotaciones, cuando el Código Orgánico Procesal Penal fue sometido a su estudio para que indicara que se cumplía con la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en relación a señalar si esta Ley era orgánica.

De igual forma, a mi entender la derogaría o reformas de las leyes es una atribución exclusiva del Poder Legislativo.

Hasta la presente fecha la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a casi un año de haber tomado esta decisión provisional, no ha resuelto el fondo de la controversia como lo expreso en esta sentencia No 537 del 12 de julio del 2017.
He aquí el texto de los diferentes artículos del COPP señalados en la sentencia.

Articulo 2 “La potestad de administrar justicia penal… se imparte en nombre de la Republica por autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado

Articulo 4 “En el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y solo deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia.

En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar”

Articulo 5 “Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencia y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales.

Para el mejor cumplimiento de las funciones los jueces y juezas, y tribunales, las demás autoridades de la Republica están obligadas a prestarles la colaboración que les requieran en el desarrollo del proceso.

En caso de desacato, la desobediencia de la autoridad o el incumplimiento de la orden judicial, el juez o jueza tomara las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones.

Cuando el Juez o Jueza aprecie u observe la comisión de algún hecho punible con ocasión al incumplimiento de la orden, está obligado u obligada a notificar inmediatamente al Ministerio Publico, a los efectos legales correspondientes.”

Articulo 7 “Toda persona debe ser juzgada por sus Jueces o Juezas naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por Jueces o Juezas, o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde, exclusivamente, a los Jueces y Juezas, y por tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso”

Articulo 13” El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez o Jueza al adoptar su decisión” En este sentido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 00-1089 del 02-10-2000 en sentencias del 2005 y 2006 se manifestó que en el proceso penal también rige el principio de la búsqueda de la verdad material, el cual impone asegurar que no se pierdan datos o elementos de convicción valiosos para el proceso.

Articulo 19 “Corresponde a los Jueces y Juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional
Articulo 111.8” Corresponde al Ministerio Publico imputar al autor o autora, o participe del hecho punible”

Articulo 126” Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le señale como autor o autora, o participe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en este Código.

Con la admisión de la acusación, el imputado o imputada adquiere la condición de acusado o acusada.

La denominación del imputado o imputada podrá utilizarse indistintamente en cualquier fase del proceso”

Articulo 132” El imputado o imputada declarara durante la investigación ante el funcionario funcionaria del Ministerio Publico encargado o encargada de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Publico.

… En todo caso, la declaración del imputado o imputada será nula sino lo hace en presencia de su defensor o defensora”

En este sentido la Sal Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N0 1636 del 13 de julio del 2005 indico” Imputado o inculpado: debería llamarse así al sujeto pasivo desde que el procedimiento preliminar judicial se dirige, de una u otra forma, contra el como persona ya determinada; esto es, desde que existe un acto procesal que supone atribuir a una persona participación en el delito que se persigue…”

La misma Sala Constitucional en sentencia 288 del 22 de junio del 2006 expreso”… el representante del Ministerio Publico debió citar a…) en calidad de imputado e indicarle que debía comparecer acompañado de su defensor y realizar así el acto formal de imputación…

Articulo 305” Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidirá dentro de un lapso de cuarenta y cinco días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a las partes y a la victima aunque no se haya querellado”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 1661 del 03-10-2006 señaló lo siguiente “Si el Fiscal Superior ratifícale pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictara pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario “
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 141 del 03-05 del 2005 indico” … existe una amplia facultad jurisdiccional otorgada al Juez penal en primera instancia, para acordar o negar, si el caso sometido a su consideración lo amerita, el sobreseimiento de la causa a solicitud del Ministerio Fisca, pronunciamiento que depende de la aplicación de las normas que regulan dicha institución en consecuencia con el criterio judicial”

Observando, la sentencia de No 537 de la Sala Constitucional, sin que la parte actora lo solicitara, la Sala de manera sorprendente y de oficio también se ubico en el artículo 126 del COOP, es decir, que los Fiscales del Ministerio Publico con esta sentencia, ya no pueden imputar en sus despachos, sino que bajo un amplio escrito deberán acudir al Juez de Control donde en una audiencia, imputaran a la persona que supuestamente pudiera estar incursa en la comisión de un hecho punible.

En este sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de la Republica, con esta sentencia crea un nuevo criterio provisional sobre el sobreseimiento y la imputación formal, las cuales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la Republica, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Carta Magna.

Artículo 110 del Código Penal “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si este se fugare.
… La interrupción de la prescripción surte efecto para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refiera sino a uno”

Escrito publicado el 20 de Agosto de 2018

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