Narcotráfico y Contrabando en Venezuela: responsabilidad penal

Trataré a continuación lo que indica la Ley en Venezuela sobre la responsabilidad penal del consumidor de drogas, de la situación de niños y adolescentes consumidores de drogas y de los bienes incautados.

Traté sobre la utilización de vehículos automotores para el tráfico ilícito de drogas en la parte III, previa a este escrito

Responsabilidad penal para el consumidor de drogas

Cuando un individuo se involucra de una comisión de hecho punible, por haber consumido sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se aplican las reglas siguientes:

Cuando de la investigación, se determina que el sujeto bajo los efectos de estas sustancias facilitó la perpetración del hecho punible o de preparar una excusa, las penas se aumentarán de un tercio a la mitad.

Si el sujeto ha perdido la capacidad de  comprender o querer, por el uso de esas sustancias, debido a un caso fortuito o fuerza mayor, quedará exento de pena.

Pero en caso que no quede demostrada las circunstancias anteriores y si resulta comprobada la perturbación a causa del consumo de esas sustancias, se aplicarán sin atenuación las penas correspondientes al hecho punible.

No es punible la persona consumidora, cuando su dependencia compulsiva sea de tal manera, que tenga los efectos de enfermedad mental, lo cual influye en su capacidad de comprender y querer.

No obstante cuando el estado mental atenué en alto grado la responsabilidad, sin excluirla de manera total, la pena para el delito o falta se rebaja de conformidad con las reglas del Código Penal.

Responsabilidad penal para el consumidor de drogas

Situación de niños y adolescentes en el consumo de drogas

Al incurrir en los hechos punibles indicados en esta Ley, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna)

Por lo tanto, las medidas de protección si es niño o niña, se realizarán  de acuerdo a la Lopnna.

Asimismo, cuando sea adolescente el procedimiento del sistema penal, de responsabilidad  se realizará de acuerdo  a la Ley que regula la materia.

 

Bienes asegurados, incautados y confiscados ordenados por tribunal

El Juez de Primera instancia en Funciones de Control previa solicitud del Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que sean empleados en la comisión de hechos punibles indicados en esta Ley.

Se exonera de tal medida al propietario que se determine su falta de intención, lo cual será resuelto en la audiencia preliminar.

Cuando sean alimentos, bebidas y aquellos bienes perecederos o de difícil administración, el Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez su venta anticipada.

El producto de la venta de estos bienes, serán resguardados hasta que exista sentencia definitivamente firma.

Al existir sentencia condenatoria definitivamente firme, se procederá a la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados preventivamente.

Estos bienes muebles e inmuebles  serán destinados a los planes, programas y reinserción social de las personas consumidoras y a la prevención y represión de los delitos contemplados en esta Ley.

Sin embargo, cuando exista sentencia absolutoria definitivamente firme, los bienes que se hayan incautados deberán ser entregados a sus legítimos dueños.

Transcurrido un año, desde cuando se procedió a la incautación preventiva, sin que se haya podido establecer la identidad del titular del bien, autor, participe del hecho o el propietario lo ha abandonado, el Fiscal del Ministerio Público solicitará al Tribunal  de Primera instancia en Funciones de Control su decomiso.

Por tanto, el Juez  ordenará al órgano rector, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional, donde se indicará las causas de la notificación, procediendo a consignar en el expediente respectivo la página en la cual fue publicado el cartel.

Dentro de los 30 días siguientes a la publicación del cartel:

Los legítimos interesados deberán consignar ante el citado tribunal, escrito fundado y promover los medios de pruebas que justifiquen que ellos son los legítimos interesados.

Cuando transcurra el referido lapso, sin que los legítimos interesados hayan hecho oposición alguna, el Juez ordenará el decomiso  del bien.

Pero cuando exista oposición, el Juez notificará al Fiscal del Ministerio Público, para que dentro de los 5 días siguientes conteste y consigne pruebas.

En caso que no se haya presentado medio probatorio alguno o bien si el punto es de mero derecho, el Juez decidirá sin más trámites dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término anterior.

Por lo que esta incidencia no interrumpirá el proceso penal.

Cuando se hubieren presentado los medios probatorios el Juez convocará una audiencia oral, la cual será celebrada dentro de los 8 días siguientes a la publicación del auto respectivo.

En la audiencia el legítimo interesado y el Fiscal del Ministerio Público expondrán oralmente sus argumentos y presentarán las pruebas.

Al concluir la audiencia el Juez de manera motivada decidirá, la cual es apelable por las partes dentro de los 5 días siguientes.

En caso que el legitimo interesado no se presente a la audiencia convocada por el tribunal, sin causa justificada, se declarará desistida su oposición y se acuerda del decomiso.

Contra esta decisión no se admitirá recurso algún.

Cuando la sentencia quede definitivamente firme, el bien pasará a la orden del órgano rector.

Por lo que el Juez ordenará a los órganos competentes, que expidan los títulos o documentos respectivos que acrediten la propiedad del bien a favor del órgano rector (Oficina Nacional Antidrogas)

 Oficina Nacional Antidrogas

Decisión del tribunal de devolución de bienes y aquellos abandonados en caso de drogas

En relación a la devolución de estos bienes, por decisión del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control se tomará en cuenta lo siguiente:

Que el interesado presente la documentación de propiedad de los bienes que son objeto de decomiso.

El interesado no tenga ninguna partición del hecho punible.

Que el interesado no haya adquirido el bien o algún derecho sobre el mismo.

Que permita determinar que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva, confiscación o decomiso.

Que el interesado haya realizado todos los esfuerzos, para impedir el uso de los bienes de manera ilegal.

Asimismo, cualquier causa que a criterio del tribunal, la sana critica, conocimientos científicos y máximas experiencias, se consideren relevantes a tales efectos.

Cuando hayan pasado 6 meses de finalizado el proceso con sentencia absolutoria, sin que el titulas de los bienes los hayan reclamado, el Fiscal del Ministerio Público, solicitará al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control se decomiso.

Este tribunal ordenará el órgano rector que notifique mediante un cartel público, en un diario de circulación nacional, en el cual se indicarán las causas de la notificación.

La misma se consignará en los autos del tribunal, la página del diario en que hubiere aparecido el cartel.

Transcurridos 30 días contados desde la consignación del cartel, sin que ningún interesado lo reclame, opera el abandono del bien de manera legal y el Juez acordará el decomiso y este queda a la orden del órgano rector, es decir, de la Oficina Nacional Antidrogas (O.N.A).

Oficina Nacional Antidrogas

Los estupefacientes o sustancias psicotrópicas y los químicos esenciales para su elaboración, hayan sido incautados por los órganos de investigación penal o confiscados por tribunales competentes, no tendrán ningún valor cuantificable en dinero.

Tampoco se podrá hacer publicidad de dicho valor.

Los denunciantes y los aprehensores que sean o no funcionarios públicos, no tendrán ningún derecho a ningún tipo de remuneración.

El destino de los estupefacientes o sustancias psicotrópicas y los químicos esenciales para su elaboración, el Fiscal del Ministerio Público, ordenará su depósito en la sede del órgano de investigaciones penales y que reúna la condiciones de seguridad.

En caso que no sean de las que puedan ser entregadas al Ministerio de Salud, el Ministerio Público, procederá a su destrucción autorizado por el Juez del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control.

Previamente se tomará una muestra marcada y certificada en aquellos casos que se justifique, pero siempre se debe estar atento a la integridad de la cadena de custodia., la cual podrá ser promovida como prueba en el juicio oral, en el Tribunal de Primera Instancias en Funciones de Juicio.

El Juez del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, autorizará a solicitud del Ministerio Público la destrucción de las sustancias incautadas.

Esta destrucción se hará  dentro de los 30 días a su decomiso, con preferencia a la incineración o por cualquier otro medio apropiado de acuerdo a su naturaleza.

En esta destrucción de las sustancias decomisadas deben estar presentes, el Fiscal del Ministerio Público, un funcionario del órgano de investigación penal, un experto de la misma, el operador del horno o bien del sistema de destrucción.

De este procedimiento se levantará un acta que firmarán todos los presentes que presenciaron la destrucción de las sustancias.

El Ministerio Público podrá designar de manera rotativa uno de los diferentes fiscales de la jurisdicción para ejecutar la destrucción en uno o varios casos.

El Juez del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, autorizará por cualquier medio, la destrucción de las sustancias incautadas, siempre y cuando impere una extrema necesidad y urgencia que sea justificada, a solicitud del Fiscal del Ministerio Público.

Los representantes de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional, podrán presenciar esta destrucción de sustancias incautadas, en su función de control de la administración pública de conformidad con sus atribuciones, señaladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Atribuciones especiales del C.N.E en el caso de drogas

Entre estas atribuciones se encuentran las siguientes:

El Consejo Nacional Electoral (C.N.E) conjuntamente, con el órgano rector, Oficina Nacional Antidrogas (O.N.A) tendrán a su cargo el control, vigilancia y fiscalización de las finanzas con fines políticos.

Consejo Nacional Electoral

Esto con la finalidad de determinar, la procedencia de los fondos que sean utilizados en sus acciones proselitistas.

Esto les permitirá conocer, de donde provienen los fondos de sus campañas electorales y de esta manera evitar la legitimación de capitales, procedentes de casos de drogas.

Por lo que el C.N.E practicará las auditorias, a los fines de revisar las cuentas bancarias que sean utilizados para fines políticos y electorales.

Obviamente, con estas auditorías les permitirá al C.N.E,  la revisión de libros y todos aquellos documentos, que se consideren importantes para determinar la procedencia y destinos de esos fondos.

Les corresponderá a los responsables de la administración y finanzas de los partidos políticos o grupos de electores, jefes de campaña, demostrar el origen o licitud de los ingresos.

Cuando se demuestre mediante sentencia definitivamente firme, que los recursos utilizados en campañas electorales o las personas que se postulen por iniciativa propia, que los fondos provienen de actividades ilícitas, serán penados con prisión de 8 a 10 años e inhabilitados por igual tiempo de sus actividades políticas.

Aquellos denunciantes que hagan denuncias falsas o imaginarias, no los exonera de la responsabilidad penal, que pueda corresponderles, ni el resarcimiento de los daños causados a las personas naturales o jurídicas.

 

Sentencias Tribunal Supremo de Justicia en casos de drogas

En sentencia de fecha 2-12-2010 expediente No 10-0318 la Sala de Casación Penal del Tribunal  Supremo de Justicia declaro sin lugar el recurso de apelación que interpusiera la Vindicta Pública, contra la sentencia absolutoria dictada a favor del adolescente por el Tribunal Mixto de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo en fecha 19 de enero del 2010 por la comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 2-12-2010 expediente No 2010-320 declaró sin lugar el recurso de casación propuesto por la defensa del acusado donde se dio por demostrado el delito tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, y ocultamiento de arma de juego.

En sentencia  de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 8-2-2011 expediente No 2009-193 fue condenada la acusada por el Tribunal Sexto Unipersonal de juicio del Estado Vargas, por la comisión del transporte ilícito se sustancias estupefacientes y psicotrópicas por admisión de los hechos, por lo que fue negada su extradición por el Alto Tribunal de la República.

Tribunal Supremo de Justicia

En sentencia No 167-2017 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa de Eddy Melean Guillen contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y confirmó la sentencia del Tribunal Décimo de Primera Instancia Estadal y Municipal de Control del mismo Circuito Judicial que lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de tráfico ilícito agravado de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte.

El Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia No 355, expediente No AA30-P-2016-000242 en Sala de Casación Penal del 11-10-2016,  desestimó el recurso de casación por infundado contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Estado Mérida.

Confirmando la sentencia del Tribunal  de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial del Estado Mérida, que condenó a 20 años de prisión más las accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal y por la comisión del delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y ocultamiento ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de acuerdo al artículo 153 y el primer aparte del articulo 149 en concordancia con el articulo 163 numeral 7 a la Ley Orgánica de Drogas, en contra del ciudadano J.R.R.A         

Siempre respondo a los comentarios, te invito a escribir aquí abajo tus inquietudes y dudas respecto a este tema  

Escrito publicado el 04 de Junio de 2018 acorde a las leyes vigentes al momento de su publicación, considere el lector este escrito actualizado si lo lee después de esa fecha, si llegase a suceder una modificación de las leyes al respecto haré la respectiva actualización de este artículo   

Disponibles también en este blog mis escritos sobre:

 

 

 

 

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