Narcotráfico y Contrabando en Venezuela: agravantes e incitación al consumo

Escrito sobre los agravantes y la incitación al consumo de drogas, así como de la utilización de lugares y vehículos para el tráfico de drogas, todo esto,  a la luz de la Ley en Venezuela.

La privación de la patria potestad a los padres consumidores de drogas fue uno de los temas tratado en la parte II de esta serie de escritos

Utilización de lugares, locales y vehículos en tráfico ilícito de drogas

Todo aquel que incurra en los delitos de tráfico, fabricación, producción, semillas, resinas, y plantas que destine un vehículo, local o lugar para reunión de personas con el fin de consumir las sustancias indicadas en la Ley, será penado con prisión de 4 a 6 años.

Utilización de vehículos para el tráfico de drogas

Instigación publica a cometer delitos castigados en caso de drogas

Todo aquel que instigue públicamente a otro y por cualquier medio a cometer delitos previstos en la Ley, será penado por el solo hecho de instigar de la manera siguiente:

Prisión de 10 a 30 meses, si el delito al cual se instigare,  la sanción de pena sea de 10 años en su límite máximo.

Prisión de 10 a 20 meses, si la instigación fuere un delito sancionado con prisión con pena inferior  a 10 años en su límite máximo y de 6 años en su límite inferior.

Con prisión de 8 a 10 meses, si el delito que se instiga sancione con la pena de prisión inferior a 6 años en su límite máximo.

Con prisión de 3 a 6 meses, si se instiga a incumplir las normas del Régimen de Administración (medidas de prevención, control y fiscalización, actividades licitas, obligación de dar información, identificación de sustancias, exoneración de aranceles, permisos, licencias intransferibles y sanciones de orden administrativo) de esta Ley, y la infracción sea sancionada con multa imponible por el Ministerio competente o por sentencia judicial.

 

Agravantes del delito de tráfico de drogas

La Ley considera como agravantes del delito de tráfico en todas sus modalidades, fabricación y producción ilícita y tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas, entre otros; en los siguientes casos:

Cuando sean utilizados niños o adolescentes, personas discapacitadas, personas en situación de calle, adultos mayores e indígenas en la comisión de delitos establecidos en esta Ley.

Cuando se utilicen animales de cualquier especie.

Cuando sean funcionarios públicos, miembros de la FA, órganos de investigaciones penales o de seguridad de la Nación.

Cuando no sean funcionarios públicos, como los  antes mencionados, usen documentos, uniformes, o credenciales otorgados por estas instituciones y simulen tal condición.

Personas contratadas, obreros, que presten servicios a la administración pública.

Por aquel culpable de dos o más modalidades del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

En el seno del hogar, instituciones educacionales, culturales, deportivas o las iglesias de cualquier credo.

En los expendios de comidas, centros sociales donde se realicen espectáculos públicos.

En establecimientos penitenciarios o entidades de atención del sistema penal de responsabilidad del adolescente.

En medios de transporte públicos, privados, civiles o militares.

En los cauteles o instalaciones castrenses.

En las instalaciones del Poder Público, Nacional, Estadal y Municipal en empresas del Estado.

En centros de rehabilitación y reinserción social de la persona consumidora.

En unos casos la pena será aumentada de un tercio a la mitad y en los restantes será aumentada a la mitad.

 

Incitación e inducción al consumo de drogas

Toda aquella persona que con amenaza, engaño o violencia logre que una persona consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sea penado con prisión de 6 a 8 años.

El que induzca a la persona al consumo de estas sustancias, que produzcan dependencia física o psíquica, será penado con prisión de 4 a 6 años.

El que suministre o aplique estas sustancias en animales, será penado con prisión de 2 a 4 años.

Incitación al consumo de drogas

Cuando fueren animales de competencia, la pena se incrementará en un tercio.

De acuerdo a la Ley quedan excluidos los especialistas y científicos facultados por las autoridades competentes, que lo empleen para fines de investigación.

Todo aquel que para obtener ventajas o causar un perjuicio en competencias deportivas, incite o induzca a un deportista al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o que altere las condiciones naturales del deportista para obtener mejores condiciones, será penado con prisión de 3 a 5 años.

En caso de haberse realizado bajo coacción moral y engaño la pena de prisión será aumentada en la mitad.

 

Consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el área militar

El centinela militar que consuma estas drogas o se encuentre bajo los efectos de las mismas, será penado con prisión de 1 a 3 años en los siguientes casos:

Cuando el hecho sea cometido en campaña, sin estar frente al enemigo, será penado con prisión de 1 a 5 años.

Si como resultado se causa un daño de consideración en el servicio, la pena de prisión será de 6 a 10 años.

Cuando el consumo se realiza frente al enemigo, la pena de prisión será de 2 a 6 años.

Si como consecuencia de esta situación se causa un daño la pena de prisión será de 8 a 16 años.

Todos aquellos integrantes de la FA en situación de actividad, cualquiera sea su jerarquía o grado y durante el servicio consuma estas drogas o se encuentre bajo sus efectos, será penado con prisión de 2 a 6 años.

Pero si el delito se comete en campaña, la pena se duplicará.

Aquel que contamine los depósitos de agua potable, líquidos y víveres de la FA, con estupefacientes y sustancias psicotrópicas o con sustancias químicas controladas, será penado con prisión de 10 a 18 años.

En estos casos se aplicará la jurisdicción militar.

Cuando lo anterior se haga  del agua potable de uso público o los artículos destinados a la alimentación publica, será penado con prisión de 10 a 18 años.

Pero en este caso la jurisdicción será la ordinaria. Igual situación ocurre cuando  los militares  no están en servicio.

 

Delitos contra la administración de justicia

Entre estas se encuentran las siguientes:

Aquel Juez que omita o rehúse decidir, bajo el pretexto de ambigüedad, insuficiencia, contradicción o silencio de la Ley, será penado con prisión de 4 a 6 años.

Cuando el Juez obre por un interés privado la pena se aumentará en la mitad.

Delitos contra la administración de justicia

Todo aquel Juez que viole la Ley o abuse de su poder, en beneficio o perjuicio del imputado será penado con prisión de 6 a 8 años.

El Juez que otorgue a los bienes incautados, confiscado o decomisados u fin diferente al establecido en la Ley, será castigado con prisión de 2 a 6 años.

Cuando el Juez decida en beneficio propio, lo relativo a estos bienes, será penado con prisión de 4 a 8 años.

Sin perjuicio de aquella responsabilidad penal, en caso que se encuentre incurso en otro hecho punible.

Aquel Fiscal del Ministerio Público, que de manera dolosa no interponga los recursos legales o en todo caso, no realice las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, al cumplimiento de los lapsos procesales y a la debida protección del imputado, será penado con prisión de 6 a 8 años.

Estos Fiscales del Ministerio Público, que actúen bajo estas circunstancias, serán suspendidos para el ejercicio de sus funciones por 6 años, después de cumplir la pena.

Los peritos o expertos forenses que emitan informes falsos sobre los exámenes solicitados por el Ministerio Público o las partes que deban presentarse ante la autoridad judicial, serán penados con prisión de 6 a 8 años.

Cuando el peritaje que se haya realizado, conduce a una condena, la pena de prisión para estos expertos será de de 8 a 10 años.

Le aplicarán la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por 6 años, una vez que se cumpla.

Cuando los funcionarios de los órganos de investigaciones penales, expertos, directores de internados judiciales, carcelarios, penitenciarios, correccionales, alguaciles y cualquier otro funcionario que de manera dolosa incurran en lo siguiente:

Que violen los lapsos establecidos en la Ley, provoquen retardo en el traslado del imputado a los actos del tribunal.

A la realización de experticias e informes requeridos.

A la entrega de boletas de citación o que se abstengan de entregarlas a la autoridad competente.

Que violen las disposiciones legales o reglamentarias, incumplan o retarden actos de sus funciones.

Abusen del poder conferido en razón de su cargo.

El incumplimiento de estas disposiciones traerá como consecuencia, prisión de 2 a 4 años y destitución del cargo.

En caso que la conducta sea dolosa, se procederá a la  inhabilitación del ejercicio de su función pública por 6 años.

 

Requisitos para la suspensión condicional de la pena  en caso de drogas

Que no concurra otro delito.

Que la persona no sea reincidente.

Que la persona no sea extranjero en condición de turista.

Que el hecho punible cometido merezca pena privativa de libertad, que no exceda de 6 años en su límite máximo.

Las penas accesorias implica la pérdida de la nacionalidad del venezolano por naturalización.

La expulsión del territorio nacional, al tratarse de extranjeros, después de cumplir la pena.

La inhabilitación para ejercer la profesión y se publicará en Gaceta Oficial y en un periódico de circulación nacional.

La confiscación de bienes muebles e inmuebles que se emplearen en la comisión de los delitos previstos en la Ley, que resulten de productos o beneficios que provengan del delito.

 

Incautación y clausura de establecimientos por la comisión de hechos punibles

En el desarrollo de las investigaciones en el área penal, el Fiscal del Ministerio Público con autorización del Juez podrá:

Ejecutar de manera inmediata y por cualquier medio por antes las respectivas instituciones, congelar e inmovilizar los activos, cuentas bancarias o cajas de seguridad.

Congelar cuentas bancarias

El objetivo de estas decisiones, es preservar la disponibilidad de los bienes, producto de actividades ilegales.

El Ministerio Publico podrá solicitar la respectiva clausura de todo establecimiento comercial o cualquier lugar abierto al público, donde se haya transgredido la Ley.

Continúa en la parte IV, a ser publicada el 04 de Junio de 2018

Escribe aquí abajo tus inquietudes y comentarios respecto a este tema, siempre los respondo tan pronto mis responsabilidades me lo permiten

Este texto está enmarcado en el ordenamiento jurídico a la fecha de su publicación, 28 de Mayo de 2018, si lees esto después de esa fecha considera el escrito vigente, ya que, si llegasen a modificar las leyes al respecto, actualizaré lo aquí escrito

También disponibles en este Blog mis escritos:

 

 

 

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