Ley de Transporte Terrestre: sobre las sanciones

La Ley de Transporte Terrestre es específica respecto a las sanciones a personas naturales y jurídicas, también sobre la responsabilidad civil en casos de accidentes de tránsito.

Sobre la Ley de Transporte Terrestre, previamente en la parte V te expliqué sobre lo que indica la Ley en Venezuela respecto a las cargas de alto riesgo, destino de lo recaudad por los peajes, infracciones y servicios de terminales públicos de pasajeros, entre otros puntos

En este continúo con:

Sanciones graves a personas naturales y jurídicas

Los conductores de vehículos que efectúen competencias de velocidad o piques en las vías públicas serán sancionados con 100 unidades tributarias.

Las personas jurídicas de servicio de transporte Terrestre de personas  y de carga que  permitan que sus conductores incurran en exceso de velocidad, se les multará con 200 unidades tributarias.

Cuando le sea aplicada 6 multas, a los conductores de una misma persona jurídica en el lapso de 6 meses, se le suspenderá el permiso por 6 meses.

El exceso de altura, longitud y ancho no autorizado en el servicio de transporte terrestre, se le aplicarán 50 unidades tributarias de multas.

 

Sanciones por exceso de carga

Las personas naturales o jurídicas que en sus vehículos transporten exceso de carga, así como las empresas generadoras, de transferencia de carga, sea comprobada su responsabilidad serán sancionados con multas que van desde 10 unidades tributarias hasta 100 unidades tributarias por cada tonelada o fracción excedida.

 

Acciones civiles, administrativas y penales por abuso de poder de funcionarios

Los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones se extralimiten en el ejercicio de sus funciones, les acarreará las responsabilidades civiles, administrativas y penales correspondientes.

 

Responsabilidad civil por accidentes de tránsito

La Ley establece que el conductor o propietario del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados a reparar todo daño.

Que el daño sea consecuencia de la circulación del vehículo.

Salvo que pruebe que el daño es consecuencia de un hecho de la víctima o de un tercero que haga inevitable el daño.

Que el accidente se hubiere producido por un caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicara las normas jurídicas del Código Civil.

En caso de colisión entre vehículos, se presumirá salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad civil de los daños causados.

Los propietarios no serán responsables de los daños caudados por sus vehículos cuando hayan sido  privados de su posesión como consecuencia de hurto, robo o apropiación indebida.

Se presume salvo prueba en contrario que el conductor, es responsable de un accidente de tránsito, cuando al ocurrir ese accidente de tránsito se determine que:

El conductor esta bajo los efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Que conduzca a exceso de velocidad.

Al conductor se le practicará el examen toxicológico, el cual se realizará a través de pruebas de instrumentos científicos al momento de levantar el accidente.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, informará a la Superintendencia de seguros, las denuncias contra aquellas empresas de seguro que incumplieran las obligaciones contraídas en las pólizas de responsabilidad civil de vehículos o condicione la contratación de las pólizas, esto con el fin  de que se les apliquen las sanciones o medidas administrativas, a la empresa aseguradora como están  indicadas en la Ley.

Las autoridades correspondientes, establecerán la responsabilidad administrativa por las infracciones en materia de transporte terrestre, incluso se causen daños a personas y bienes de la República, los Estado y Municipios.

Cuando en un accidente de tránsito terrestre produzca daños materiales, la autoridad debe realizar lo siguiente:

Verificar si los vehículos reúnen las condiciones de seguridad señaladas en la Ley.

Levantar el croquis del accidente.

Proceder a realizar una relación de los daños sufridos por los vehículos o por cualquier otra propiedad, para formar el respectivo expediente.

Ordenar el avaluó de los daños causados que se hará por un solo perito designado por la autoridad administrativa.

Realizar las experticias necesarias, para determinar si los conductores implicados en el accidente de tránsito, se encuentran bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

 

Accidentes de tránsito cuando ocurran en estacionamientos públicos o privados

Como se ha expresado anteriormente dentro de las obligaciones de los accidentes de tránsito, cuando la norma jurídica establece que todo conductor deberá salvaguardar la fluidez y seguridad de la circulación e intercambiar recíprocamente los datos de identificación de los vehículos y de las personas involucradas en el accidente de tránsito y de ser posible de los testigos presenciales.

Por tanto, la propiedad privada no es de dominio público, por lo que los accidentes de tránsito que ocurran se rigen por Código Civil, es decir por el derecho común, por lo que esos accidentes de tránsito, no es competencia de las autoridades administrativas de tránsito terrestre.

Sobre esta situación es importante mencionar lo siguiente:

Las autoridades de tránsito, no tienen competencia por actuar en esos lugares, ni siquiera que sea reportada por los conductores o propietarios de los vehículos.

De igual forma, tampoco tienen competencia al ser llamados por los administradores o la Juntas de Condominio, por lo que los funcionarios de tránsito, no están facultados en realizar actuaciones administrativas, por cuanto la propia Ley de Transporte Terrestre no los faculta para ello.

Pero es caso que los funcionarios  que actúen, ese procedimiento está viciado de nulidad absoluta,  por usurpación de funciones y las actuaciones son ineficaces y por tanto nulas.

En tal sentido, es importante señalar que los actos de la administración serán absolutamente nulos, cuando así lo exprese una norma constitucional o legal.

Cuando se hubiera dictado por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total o absoluta del procedimiento legal establecido.

Es por ello, que se debe aplicar obligatoriamente las disposiciones del derecho común y se debe solicitar que haga  acto de presencia un Juez para que realice una inspección judicial.

Esta inspección judicial, es la inspección ocular que puede promoverse como prueba en juicio, para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse con apreciaciones que requieran conocimientos periciales.

La inspección judicial, tiene valor probatorio de manera plena respecto de los hechos comprobados por el Juez, por lo que el Juez debe sentenciar de conformidad con lo constatado en la inspección judicial.

Esta inspección judicial, puede realizarse a petición de las partes involucradas o el Juez puede acordarlo de oficio.

El Juez  levantará un acta donde deje constancia de lo practicado.

En esa acta el Juez dejara constancia de las personas que han intervenido y las circunstancias del lugar, de los reconocimientos  realizados, podrá tomar fotografías y el acta debe ser firmada por las personas que han intervenido.

El reconocimiento o inspección judicial para futura memoria, el cual es una regla de procedimiento del Código Civil, por lo que es de aplicación preferente y sin ella le confiere de manera expresa a la autoridad judicial la facultad de practicar inspecciones oculares antes de promoverse el juicio.

Es importante esta inspección judicial, más para su procedencia deben darse dos condiciones.

El sobrevenimiento de perjuicio por retardo y tratar de dejar constancia  de un estado o circunstancia que puedan desaparecer con el tiempo.

En este sentido, la jurisprudencia señala que los recaudos relativos a esta modalidad de la prueba tienen la fuerza de documento público o autentico.

Nuestro Código Civil indica que, si de la diligencia practicada tuviere por objeto poner constancia del estado de las cosas, antes de que desaparezcan las señales o marcas que pudieran interesar a las partes, la inspección judicial que se acuerde se efectuará con la asistencia de prácticos, pero no se extenderá a opiniones sobre las causas del estrago o sobre puntos que requieren conocimientos periciales sobre la materia.

Por tanto, las partes pueden tomar fotografías, levantar el croquis y dejar asentado en un acta todos los detalles que allí sucedieron los cuales deben ser firmados  por las partes.

Este documento privado legalmente reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros la misma fuerza probatoria que el instrumento público.

Sin embargo, con la presencia de un Juez el Código Civil expresa que el documento público hace plena fe entre las partes como con respecto de terceros, mientras no sea declarado falso.

De los hechos jurídicos que el funcionario público, declara haber efectuado y si tenía facultad para efectuarlo.

Pero en el caso que hubiere ocurrido fallecimiento de alguno de los involucrados, en el accidente de tránsito, en estacionamientos públicos o privados, no aplica lo anteriormente analizado, por cuanto en este caso se aplica las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y el Fiscal del Ministerio Público iniciará las investigaciones pertinentes.

Continúa en la parte VII, en la cual te explico las infracciones y multas leves a conductores, la suspensión de licencias, el procedimiento civil en accidentes de tránsito en Venezuela, sobre los vehículos de tracción de sangre, entre otros temas

Escribe tus comentarios, los respondo siempre, tan pronto me es posible

Estos lineamientos jurídicos en este escrito son acordes a la Ley en Venezuela para el momento en que fue publicado, 30 de Marzo de 2018, de llegar a cambiar las leyes, reescribiré estas líneas, hasta entonces considere el lector el presente escrito vigente

Entre muchos otros publicados en este Blog, también he escrito sobre:

 

 

 

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