Extorsión y Secuestro: colaboración con la investigación & otros

En el presente escrito trato sobre la colaboración con la investigación en casos de secuestro y extorsión.

Colaboración en la investigación penal

Esta norma jurídica, tiene varios aspectos que se deben resaltar:

El Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal conforme a lo establecido en artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal a: los autores, cooperadores, cómplices o encubridores de los delitos tipificados en la presente ley que colaboren  con las autoridades competentes para lograr la frustración o el esclarecimiento del delito investigado.

Para lograr la aprehensión de otros autores, cooperadores, cómplices o encubridores que traigan como finalidad la liberación de la persona  o personas secuestradas y eviten que se cometan otros delitos.

El proceso penal será reanudado respecto al informante arrepentido y la pena establecida para estos casos será rebajada hasta la mitad, cuando las informaciones suministradas hayan satisfecho las expectativas por las cuales se suspendió la acción penal.

En relación al artículo 39 del COPP, se refiere esta Ley Contra el Secuestro y la Extorsión a la ley adjetiva penal ya derogada, por cuanto actualmente está vigente otra norma jurídica, con la última reforma del COPP del 12 de junio del 2012.

Aquí existe de manera reiterativa una pésima técnica legislativa, cuando el legislador remitió, a  lo señalado en ese artículo 39 del COPP.

 

Eximente de sanción para operaciones encubiertas

Esta norma jurídica comprende lo siguiente:

Los ciudadanos autorizados por el Tribunal de Control y los funcionarios públicos pertenecientes a unidades especializadas sobre los delitos previstos en esta ley  que se encuentren como infiltrados quedan exentos de responsabilidad penal.

Quedan exentos de responsabilidad penal por el uso y mantenimiento de identidad falsa, con el fin de poder realizar su trabajo de investigación.

Todas estas operaciones deberán ser coordinadas por el Ministerio Público.

Estas operaciones encubiertas, excluyen la posibilidad de alterar registros, archivos o libros públicos para la creación de la identidad falsa.

 

Aseguramiento de bienes

En relación al aseguramiento de bienes, esta norma jurídica destaca varios elementos:

Tanto los bienes muebles como los inmuebles o provenientes de la perpetración de los delitos que se encuentran tipificados en la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, serán puestos a la orden del Ministerio Público, con el fin de asegurarla en la investigación penal.

Cuando estos bienes al igual que sus rentas, hayan pasado al patrimonio de la República mediante sentencia firme, el Ejecutivo Nacional dispondrá de ellos.

Estos bienes se destinarán a la formación, capacitación, y adiestramiento del personal integrante de las unidades policiales y militares especializadas en la prevención e investigación de los delitos señalados de esta ley, así como la compra de equipos técnicos y científicos.

En esta norma jurídica, existe una coincidencia con el artículo 30 del Código Penal, el señala entre otras cosas que, los decomisos y rematados para adjudicar su precio al respectivo Fisco Nacional, del Estado o Municipio según las reglas del artículo 30.

 

Incremento patrimonial

Esta norma jurídica señala lo siguiente:

Quien obtenga directa o indirectamente para sí o para terceros incremento patrimonial proveniente de los delitos tipificados en la Ley Contra el Secuestro y Extorsión, será sancionado con prisión de 20 a 25 años.

Es obvio que los autores  de estos delitos, lo único que persiguen es el lucro mediante estas figuras delictivas, ya que su finalidad es la obtención de un beneficio económico, incrementando su patrimonio a través del delito.

Inhabilitación para desempeñar cargos públicos

Quien haya cumplido la pena prevista en esta Ley, de manera inmediata queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por un término de 15 años.

Esta norma jurídica contradice lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela al señalar que:

“El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos… El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia  pos penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno…”.

Existe una contradicción con la norma constitucional, ya que el ex interno o ex interna quedará inhabilitado por 15 años para ejercer funciones públicas, después de cumplir la pena.

Por tanto, la norma jurídica de esta Ley es inconstitucional y por tanto no debe ser aplicada.

Prohibiciones de otorgamiento de créditos, fianzas y avales

Queda prohibido todo crédito, fianza, aval o cualquier suministro de recursos destinados al pago para la liberación de secuestros o el pago de las extorsiones.

Quienes incumplan el contenido de esta norma, serán sancionados conforme al artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.

La norma jurídica de este artículo señala que quien ejecute cualquier actividad o suministre algún medio, destinado a facilitar la perpetración de los delitos previstos en la presente Ley, serán sancionados con la pena correspondiente al tipo delictivo perpetrado rebajado en una cuarta parte, siempre que dicha actividad no se adecue a la modalidad de autoría o determinación.

Cuando sean perpetrados por personas jurídicas, serán sancionados con las multas previstas en las leyes que regulen la materia y sus representantes serán sancionados de acuerdo a este articulo 11.

Debo señalar que en un momento tan difícil para la familia del secuestrado, como es realizar todo lo necesario para logra la libertad del ese familiar que luego de aportar el dinero, el que contribuyo a su liberación aportando el dinero, quede privado de la libertad.

Por tanto, esta norma jurídica se puede considerar inconstitucional ya que ataca el principio de lesividad u ofensividad, por cuanto solo puede ser punible aquella conducta que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos requeridos en la tutela penal.

Aquí abajo, en la sección de comentarios, escribe tus preguntas e inquietudes, respondo siempre tan pronto me es posible

El 05 de Febrero de 2018 fue publicado este escrito bajo las leyes en vigencia en Venezuela para esa fecha, considere el lector que aún siguen vigentes, si llegasen a modificar las leyes respecto a este tema, haré la respectiva actualización de este texto a su momento

También disponible en este Blog, entre muchos otros de mis escritos:

 

 

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