El secuestro con fines políticos, conmoción o alarma

A continuación trataré el secuestro con fines políticos, conmoción o alarma de acuerdo a la Ley en Venezuela.

En esta norma jurídica se encuentran varios elementos a considerar:

La norma es taxativa, cuando señala que quien secuestre o una o más personas como parte de una conspiración contra la integridad de la Nación o sus instituciones, para atentar contra la estabilidad del Poder Público.

Dar publicidad o propaganda a una causa política, ideológica o religiosa.

O bien para generar conmoción o alarma pública.

Tendrán una sanción con prisión de veinte (20) a treinta (30) años.

Pero tendrán igual pena para quienes incurran en este delito en asociación con países o repúblicas extranjeras, enemigos exteriores, grupos armados irregulares o subversivos.

Sin embargo, de conformidad con lo señalado en esta norma, se aprecian varios elementos a considerar:

Específicamente no se persigue un fin económico por parte del sujeto activo.

Hay privación ilegitima de la libertad.

El secuestro se hace para conspirar o atentar contra el Estado.

Para publicitar una determinada causa política, ideológica o religiosa

Este tipo de secuestro es para causar alarme o conmoción.

Sin embargo, en el artículo 132 del Código Penal, se habla de conspiración, donde se indica que cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de  ocho (8)  a dieciséis (16) años.

Más adelante, nuestro código sustantivo penal, manifiesta que igual pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interna de Venezuela o pidiere sus concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamara a su Presidente o que se ultraje al representante diplomático o sus funcionarios consulares, en razón de sus funciones, en el país donde se cometa el hecho.

No obstante, cuando se analizan los artículos 128 y 129 del Código Penal se observa que allí se habla que cualquiera que acuerde con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o bien las hostilice por cualquier medio para algunos de estos fines se le castigará con pena de presidio de veinte (20) a treinta (30) años de prisión.

Por lo que no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni siquiera de las medidas alternativas del cumplimiento de la pena.

Pero el mismo Código Penal señala que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación atente por si solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, se le castigará con pena de prisión de veinte (20) a veintiséis (26) años.

Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno de Venezuela.

La ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en una norma jurídica aplica sanciones cuando hay beneficios económicos y en otras cuando no la hay, aplica una sanción muy elevada y a mi entender el legislador cometió un error de técnica legislativa, la cual no se corresponde con lo señalado en la propia ley.

En tal sentido nuestro Código Penal se establece que el sujeto activo puede ser cualquiera, por lo que estaríamos en presencia de un delito doloso y formal.

Por lo que en los atentados sin complicidad externa no se admite la tentativa ni la frustración, por cuanto es suficiente la sola tentativa para que se consuma el delito.

En relaciona los atentados contra el territorio e instituciones venezolanas, la situación de este tipo de delitos lo puede cometer cualquier persona que puede ser venezolano o extranjero, por lo que no es imprescindible que se produzcan los efectos para que se produzca el delito.

En este caso especifico basta que se inicie toda la organización para perpetrar el hecho punible para que se configure en su totalidad y la doctrina lo llama delito formal.

En el caso bajo estudio el sujeto pasivo es la República Bolivariana de Venezuela de acción pública.  NO se presenta la tentativa ni la frustración.

Ahora bien, la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en el caso específico que se está analizando admite la tentativa, pero no la frustración.

Si tienes dudas sobre este texto o alguna situación en particular que necesitas que te aclare, escríbelo aquí abajo, doy respuesta prontamente

El presente texto fue hecho publico el 11 de Diciembre de 2017, las leyes al respecto siguen en vigencia, si llegasen a cambiar, editaré el texto actualizándolo 

Entre muchos otros escritos, también he publicado en este Blog sobre:

 

 

 

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