Consejo Moral Republicano y las faltas de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Este escrito sobre el Consejo Moral Republicano está en estrecha relación con el previo: Sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia

Reunión del Consejo Moral Republicano el 06 de Abril de 2017

El jueves 06 de abril del 2017 de abril se reunió el Consejo Moral Republicano, para analizar la solicitud de la Asamblea Nacional donde solicitaban que ese Consejo Moral Republicano, se pronunciara en relación a las faltas graves de  la sentencia 155 y la sentencia 156 de fechas 28 y 29 de marzo del 2017 de los Magistrados de  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En esas sentencias el Máximo Tribunal de la República, asumió todas las competencias de la Asamblea Nacional, disminuyo a tal grado la prerrogativas de los Parlamentarios de su inmunidad parlamentaria. Asimismo, mantienen el desacato de la Asamblea Nacional y se le otorgan súper poderes al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual deriva en un fraccionamiento de la estructura del Estado.

En este escrito se analizarán las causales por las cuales la Fiscal General de la República, Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo debieron inhibirse en la Resolución o decisión de fecha 07 de abril del 2017, donde se declaró inoficioso declarar las faltas graves de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya que las mismas habían sido subsanadas con las sentencias 157 y 158 por la misma Sala Constitucional, las cuales en mi criterio jurídico, son ilegales e inconstitucionales, por cuanto se revocaron algunos puntos de las sentencias tocándose el fondo de esas sentencias.

Al revocarse y reformarse las mismas no procede por mandato de los artículos 252, 272, 273, 310 del Codigo de Procedimiento Civil y con fundamento jurisprudencial de la misma Sala Constitucional.

En este sentido, las sentencias de Sala Constitucional son irrecurribles cuando lleve implícito su revocación y reforma.

Por lo que las sentencias 155 y 156 siguen vigentes y la ruptura del orden constitucional, como lo indicó la ciudadana Fiscal General de la República Dra Luisa Ortega Diaz.

La inhibición o la recusación de un Juez según la jurisprudencia, es la abstención voluntaria y espontanea de un funcionario judicial para conocer de un asunto, ya que el mismo se encuentra incurso en una de las causales señaladas en el Código de Procedimiento Civil y por las propias Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

El único propósito de la inhibición, es para evitar su falta de imparcialidad del funcionario en el asunto que le toca decidir, ya que se encuentra vinculado con las parte o una de ellas y esto puede dar lugar a una recusación del funcionario judicial.

En este sentido, tanto la Fiscal General de la República emitió opinión adelantada al señalar que los Magistrados de la Sala Constitucional, firmantes de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia están subsumidos en la ruptura del orden constitucional y el Defensor del Pueblo antes de este pronunciamiento de la Fiscal General de la República, señalo que las citadas sentencias 155 y 156 están ajustadas a derecho.

De conformidad con el articulo 84 del Código de Procedimiento Civil, le impone al funcionario judicial, que conozca que en su persona existe alguna causal de recusación, esta en la obligación y deber de inhibirse.

Los motivos de la inhibición son las mismas que para la recusación y están expresamente establecidas en la ley.

En este sentido, el articulo 82 ejusdem señala las causales de inhibición y recusación, se encuentran de manera taxativa en esta norma jurídica y de conformidad con el articulo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil, se indica que

“Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea Juez de la causa”

Las causales de la inhibición y de la recusación  se clasifican en aquellas que se refieren a la relación del Juez con las partes y aquellas que se refieran a su relación con el objeto de la causa.

El ciudadano Contralor General de la República, este se encuentra presuntamente con amistad intima con alguno de los Magistrados de acuerdo al articulo 82.12 ejusdem y la enemistad con algunos de los miembros de la Junta Directiva o alguno de los Diputados de la Asamblea Nacional que votaron para remover a los Magistrados de la Sala Constitucional, tal como los señala el articulo 82.18 de este mismo Código de Procedimiento Civil.

Es por ello, que los integrantes del Consejo Moral Republicano, puedan tener alguna relación de amistad o vinculación con alguna de las partes que se haga presumir, una decisión, que tome en cuenta esta vinculación; sin preocuparse en lo absoluto en la justicia o injusticia de la solución del pleito o conflicto.

En relación a lo indicado en el articulo 82.15 del Código de Procedimiento Civil, nos encontramos con las sentencias de la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de justicia,  de fecha 16 de enero del 2003, sentencia de la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República del 10 de junio del 2004, sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 22 de junio del 2004.

Sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de marzo 1996, sentencia del 22 de febrero del 2003 de la Sala de Político- Administrativa, sentencia de la Sala de Casación Civil  de fecha 21 de junio de 1990.

En este sentido, la institución de la recusación obedece a un acto procesal mediante el cual, con los fundamentos de las causales taxativas las partes en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva, pueden separar al Juez o al fiscal del conocimiento de la causa que se iría en detrimento de la naturaleza de dicha institución, creada para demostrar hechos o circunstancias concretas en las cuales pudieran estar incurso los titulares de tales órganos como lo preciso la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 15 de julio del 2002 y de la Sala Constitucional en sentencia del 07 de agosto del 2003.

Con estos fundamentos jurídicos, considero que la decisión o Resolución del 07 de abril del 2017 se encuentra viciada y por tanto la misma transgrede las diversas normas jurídicas ante  señaladas y las distintas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes Salas, las cuales debieron ser tomadas en cuenta y las vinculantes y de obligatorio cumplimiento de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de conformidad con lo establecido en el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Escribe aquí abajo, en la sección de comentarios, tus preguntas e inquietudes, respondo siempre a la brevedad posible. También te invito a compartir este escrito entre aquellos a quienes pienses podría interesarle

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (08 de Abril de 2017)

Entre muchos otros escritos, también he publicado sobre:

 

 

 

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