Sentencias 155 y 156 del TSJ

A continuación mi análisis jurídico de las sentencias Nos 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.

Respecto a las sentencias Nos 155 Y 156 dictadas en Marzo del 2017

Este artículo trata sobre las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia otorgándole amplios poderes al Presidente de la República

Mediante sentencia 155 de fecha 28 de marzo del 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desconoce al Poder Legislativo como es la Asamblea Nacional, la cual esta presidida por todos los Diputados elegidos el 15 de diciembre del 2015.

En sus argumentos la Sala Constitucional reitera el desacato de esta Asamblea Nacional por cuanto según el Tribunal Supremo de Justicia no desincorporó de manera formal a los Diputados del Estado Amazonas.

No obstante, que los mismos fueron desincorporados por la Directiva anterior que tomó posesión de sus cargos el 05 de enero del 2016 y notificados a la Sala Constitucional oportunamente.

Sin embargo, esta Sala argumento que la desincorporación debía formalizarse, es decir convocar a una sesión y allí desincorporar a los citados Diputados.

Como no se realizo de esa manera arbitraria, la Sala Constitucional señaló en la sentencia correspondiente que la Asamblea Nacional esta en desacato y por tantos sus actos no tenían ningún efecto jurídico.

Pero cuando la actual Directiva  tomo posesión de sus cargos el 05 de enero del 2017, convoco a la sesión a los Diputados de  la Asamblea Nacional y desincorporó a los Diputados del Estado Amazonas.

De manera sorprendente, absurda y arbitraria mediante un abuso y desviación de poder, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le indicó a esta Directiva del actual  periodo 2017-2018 que esa desincorporación formal la debía realizar la antigua Directiva que cubrió el periodo 2016 al 05 de enero del 2017.

Olvidando la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República que en el derecho administrativo existe la figura de la continuidad administrativa y tal desincorporación de los Diputados que se realizó con la antigua Directiva y la formalización con la Segunda Directiva ambas son legales, lo cual se puede interpretar como un capricho innecesario de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, violándose con ello el articulo 257 Constitucional, el cual establece que no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales.

Sobre la Separación de Poderes

Ahora bien, con esta sentencia del 28 de marzo del 2017 la Sala Constitucional asume las competencias de todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, lo cual es ilegal e inconstitucional por cuanto en Venezuela la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela existe la separación de poderes y en sentencia de la misma Sala Constitucional del 23 de septiembre del 2002 en expediente No 02-2116 el Magistrado ponente Dr Jesus Eduardo Cabrea señalo lo siguiente: “En Venezuela, con base a la nueva Constitucion, el Poder Público se distribuye en tres poderes: el Municipal, el Estadal y el Nacional y este ultimo se subdivide en Legislativo, Ejecutivo, Ciudadano y Electoral” (articulo 136 Constitucional).

Cada una de las ramas del Poder Público tiene establecida en la Constitución y las Leyes funciones propia, las cuales se cumplen ceñidas a las leyes (artículos 136 y 137 Constitucionales).

Ello significa que las atribuciones privativas que la ley señale a un Poder Público no pueden ser cumplidas ni invadidas por otro

En la sentencia 155 del 28 de marzo del 2017 la Sala interpreta de manera errada lo que es un desacato, ya que no se puede sancionar indefinidamente a toda la Asamblea Nacional con una inhabilitación de todos los Diputados, lo cual dejó en total desamparo a todos los Estados de Venezuela y por tanto rechazando todas las leyes que fueron sancionadas por la Asamblea Nacional. En marzo del 2017 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de apoyar la reactivación de la Carta Democrática Interamericana que fue suscrita por el entonces Presidente de la República Hugo Chavez Frías y por tanto es ley de la República la cual tiene carácter supra constitucional.

En la sentencia la Sala Constitucional indica que esto es una traición a la Patria por lo que limita a los Diputados en el goce de su inmunidad parlamentaria, al considerar erróneamente que la  inmunidad parlamentaria no  ampara delitos y que los Diputados pueden ser enjuiciados y encarcelados.

En esta sentencia se le otorga al Presidente de la República amplios poderes y facultades en materia civil, administrativa, penal, económico, militar, políticos, jurídicos y sociales que se estime necesario y conveniente para evitar un estado de conmoción, autorizándolo a revisar excepcionalmente legislación sustantiva, adjetiva, incluyendo la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo, Ley Contra la Corrupción, Código Penal, Código Orgánico Procesal Penal, Código de Justicia Militar entre otras atribuciones.

En cuanto a la sentencia número 156 del 29 de marzo del 2017 la Sala Constitucional entró a resolver una demanda realizada por un particular, la cual se resolvió de mero derecho sin que se presentaran las pruebas necesarias obviando el derecho a la defensa establecido en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sin el contradictorio respectivo en el debate judicial y por supuesto considerándolo  vinculante de obligatorio cumplimiento erga omne.

Ya que solo fue escuchada la parte que demandó declarando la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional y asume las competencia de la Asamblea Nacional hasta tanto no cumpla con la sentencia que obliga a la Asamblea Nacional a desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas  mediante una sesión que debía convocar la anterior Directiva.

En este sentido, debo afirmar que  nuestra Carta Magna tiene establecido la separación de Poderes y ningún otro Poder Público debe asumir, cumplir ni invadir las atribuciones que son privativas de cada Poder Público.

En este sentido se debe afirmar que la Sala Constitucional en sus sentencias decidió lo que nunca fue solicitado, por lo que estamos en presencia  de un  vicio procesal de ultrapetita, la cual consiste en decidir arbitrariamente lo que nunca había sido solicitado.

Por lo que las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia incluido la Sala Constitucional han anulado sentencias cuando los Jueces de la República han tomado decisiones de esta manera, como lo realizó la Sala Constitucional.

Artículos 138 y 139 de la Constitución

El articulo 138 Constitucional señala que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos y el articulo 139 indica que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución y de la ley.

Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo

El articulo 19 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo en sus numerales 1 y 4 manifiestan que los actos administrativos serán absolutamente nulos, cuando así esta expresamente determinado en una norma constitucional o legal.

Asimismo, cuando hubieren sido dictados por autoridades incompetente, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

Artículos 187 y 266 de la Constitución

El articulo 187 Constitucional señala en sus 24 numerales las competencias de las Asamblea Nacional y el articulo 266 Constitucional enumera 9 numerales donde esta señalado las competencias del Tribunal Supremo de Justicia.

En ninguna de estas normas jurídicas ni en todo el texto constitucional está señalado que la Sala Constitucional deba asumir las competencias del la Asamblea Nacional, ni siquiera por un desacato mal interpretado, y que aun cuando los Diputados del Estado Amazonas fueron desincorporados por ambas Directivas, la Sala Constitucional de una manera absurda y caprichosa no lo acepta, por cuanto manifiesta que debe hacerlo la antigua Directiva.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desacata sus propias sentencias cuando invade y cumple atribuciones que son privativas de otro Poder Público, lo cual esta en contradicción con el articulo 136 Constitucional que nos enseña que cada Poder Público tiene asignada sus propias competencias dentro de la separación de poderes y ningún otro Poder Público puede cumplir ni invadir las atribuciones que le son privativas.

Por tanto, la usurpación de funciones del otro poder es gravísima, y mas aun cuando emana del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual acarrea responsabilidad penal a todos los involucrados.

Pronunciamiento de la Fiscal Luisa Ortega Diaz

En fecha 31 de marzo del 2017 la ciudadana Dra Luisa Ortega Diaz, Fiscal General de la República, manifestó públicamente que las sentencias 155 y 156 dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se observa en las mismas la ruptura del orden constitucional lo cual le preocupa.

Ante tal declaración la ciudadana Fiscal General de la República, de manera inmediata y con la celeridad debida debe tomar la acciones legales para que se determine la responsabilidad de esa ruptura del orden constitucional y por mandato constitucional y legal debe ejercer por parte del Estado las acciones penales correspondientes.

El ariculo 266 Constitucional  dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia se indica en sus numerales 2 y 3 que declarara si hay o no merito para el enjuiciamiento del Presidente de la República y en caso afirmativo continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia declarara si hay o no merito para el enjuiciamiento de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República, si fuere el caso y si el delito fuere común continuara conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva, todo esto será ejercido por la Sala Plena.

Artículo 285 de la Constitución

El articulo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que el Ministerio Publico  ordena y dirige la investigación penal y ejerce en nombre del Estado la acción penal.

El artículo 275 de la Constitución

El articulo 275 Constitucional indica que el Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios de la  administración pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales, indicándose que podrán ser sancionados  de conformidad con lo establecido en la ley.

Artículo 7 de la Constitución

El articulo 7 Constitucional señala que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.

Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución, el cual esta en concordancia con el articulo 333  que señala, la Constitución no perderá su vigencia se dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Por lo que cualquier ciudadano investido o no de autoridad debe colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

De acuerdo a estos fundamentos  constitucionales la usurpación de funciones, la Carta Magna señala que toda autoridad usurpada ineficaz y sus actos son nulos.

Asimismo, las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia considera que el vicio de ultrapetita también es nulo, por lo que ambas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son ineficaces y sus actos nulos.

Lo cual esta sancionado en el articulo 139 Constitucional por abuso y desviación de poder o por violación a la Constitución y a la ley.

Artículo 25 de la Constitución

Por lo que el articulo 25 Constitucional señala que la violación de los derechos consagrados en la Constitución y la ley es nulo y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, y administrativa sin que les sirva de excusa ordenes superiores.

El ciudadano Presidente de la República, declaró en fecha 31 de marzo que había convocado para la noche de esta misma fecha al Consejo de Defensa de la Nación para que se resolviera el impasse entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al articulo 323 Constitucional.

Posteriormente este Consejo de Defensa de la Nación en un comunicado señaló que el Tribunal Supremo de Justicia debía revisar las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional.

En relación a este planteamiento se deben señalar varios aspectos: No existe ningún impasse entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Suprema de Justicia por cuanto la ciudadana Dra Luisa Ortega Diaz Fiscal General de la República de conformidad con el articulo 285 Constitucional tiene la atribución de señalar la garantía de los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales y el debido proceso.

Asimismo, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

Igualmente ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que influyan en la calificación y responsabilidad de los autores y ejercer en nombre del Estado la acción penal.

En este sentido, el Ministerio Público goza de total autonomía al igual que el Tribunal Supremo de Justicia de sus actuaciones.

Por lo que sus integrantes responderán de sus diferentes actuaciones en el ejercicio de sus cargos.

Por tanto, le corresponde a la Fiscal General de la República iniciar de manera inmediata la investigación respectiva a los fines de ejercer las acciones legales que correspondan.

En cuanto a las atribuciones del Consejo de Defensa de la Nación, el mismo no tiene competencia para ordenarle tanto al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalia General de la República revisar las decisiones que ambos deben asumir cuando exista alguna controversia, ya que la Constitución y la Ley tienen señalados los procedimientos adecuados para dirimir sus propias controversias.

Sin embargo, lo ocurrido con las decisiones 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia es muy grave, ya que de acuerdo a la apreciación de la Fiscal General de la República hubo ruptura del orden constitucional y por tanto se debe realizar la investigación respectiva para demostrar que los Magistrados que firmaron ambas sentencias han incurrido en un error inexcusable de derecho, lo cual da lugar de manera inmediata a su destitución como Magistrados, al asumir desde el año 2016 atribuciones que son propias de las Asamblea Nacional y lo mas insólito que con estas sentencia 155 y 156 manifestaron de manera expresa que asumirían todas las competencias de la Asamblea Nacional, por estar la misma en desacato.

Pero la ciudadana Fiscal General de la Republica tiene total conocimiento que esta ruptura del orden constitucional ha venido ocurriendo desde el 2016 y sin embargo había mantenido total silencio de estas arbitrariedades por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

El hecho que el Consejo de Defensa de la Nación haya manifestado que el Tribunal Supremo de Justicia revise las sentencias 155 y 156 NO es la solución a esta gravísima intromisión del máximo Tribunal de la República en las competencias de la  Asamblea Nacional, sino que de manera inmediata los Magistrados que firmaron ambas sentencias deber ser separados de sus cargos para que la Asamblea Nacional nombre a los sustitutos y sean estos lo que analicen las citadas sentencias para su esclarecimiento en caso que proceda.

Pero si una de las partes presenta nuevos elementos de la actividad probatoria y solicita mediante un recurso de revisión, podría la sala tomar otra decisión.

Pero el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena o en todo caso la propia Sala Constitucional debe suspender la aplicación y efectos jurídicos de las sentencias 155 y 156 dictadas por la Sala Constitucional hasta tanto se realicen las investigaciones respectivas por la Fiscalía General de la República y al mismo tiempo dejar sin efecto la arbitrariedad del desacato de la Asamblea Nacional desde el 2016, a los fines de restituir el orden constitucional infringido, de acuerdo a las notificaciones de desincorporación que presentó en el 2016 y a principios de 2017 la Asamblea Nacional

Ya que con estas sentencias, el Tribunal Supremo de Justicia al invadir y cumplir atribuciones de otro poder son nulas, ya que lo decidido no fue solicitado por la parte demandante y por tanto hay ultrapetita que también es nulo y sin ningún efecto jurídico.

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional no está facultada para revisar las sentencias que fueron dictadas por la misma Sala por petición del Consejo de Defensa de la Nación, salvo que una de las partes presente pruebas que determine el cambio de criterio emitido con anterioridad, cuando le sea solicitado ese recurso de revisión constitucional, que demuestre con elementos probatorios para la procedencia del mismo, lo cual siempre se declara inadmisible

Es importante manifestarles que la sala constitucional del TSJ, a solicitud de las partes, puede ampliar y aclarar conceptos de las sentencias, pero jamás modificar el fondo de las mismas

El articulo 310 del Código de Procedimiento Civil

Señala que los actos y providencias de mera sustanciación o de mero tramite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales.

Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo.

En tal sentido, la disposición antes indicada, se desprende que la revocatoria por contrario imperio es una facultad otorgada al Juez, para corregir algún error en la sustanciación del procedimiento, por lo que procede contra actos referidos a la sustanciación del proceso, la cual se denomina en la doctrina de mero tramite y no contra decisiones o resoluciones que resuelvan incidencias o pongan fin a la controversia, como lo señala el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil, una vez que el órgano jurisdiccional dicta sentencia, no puede revocarla ni reformarla, salvo la posibilidad de realizar las aclaratorias respectivas solicitas por alguna de las partes.

Por lo que las facultades extraordinarias de la revisión de la Sala Constitucional no opera contra las decisiones dictadas por la propia Sala Constitucional y deben ser declaradas inadmisibles.

Por tanto, las decisiones dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil  y por las diferentes jurisprudencias de esta misma Sala adquieren de manera inmediata desde su publicación el carácter de cosa juzgada formal, lo que se viene a traducir que lo decidido en la sentencia no es atacable, y se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el articulo 273 ejusdem, aunado al carácter vinculante de las mismas en todo proceso futuro.

En este sentido, la revisión que realizó la Sala Constitucional es contraria a la ley y a sus distintas jurisprudencias, lo cual crea un pésimo antecedente jurisprudencial por cuanto contradice al Código de Procedimiento Civil y a sus propias decisiones.

Es oportuno indicar que el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, esta norma jurídica de manera precisa y concreta señala que el Tribunal, a solicitud de parte podrá aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copias, de referencias o de cálculos numéricos, que aparezcan de manifiesto en la sentencia, o dictar las ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.

Es importante, destacar que la norma jurídica tiene varios elementos que es necesario destacar:

  • Que después de pronunciada la sentencia o la interlocutoria sujeta a apelación el Tribunal que la dictó no puede revocarla.

 

  • Que a solicitud de parte el Tribunal podrá aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones, rectificar errores de copias, cálculos numéricos.

 

  • Que esta solicitud de parte se hará dentro de tres días después de dictada la sentencia y reitera la norma jurídica que las aclaratorias o ampliaciones que haga una de las partes el día de la publicación o en el siguiente. Es necesario conocer si una de las partes realizo la solicitud en el tiempo establecido.

 

Observe que en ninguna parte de la redacción del articulo 252 del Código de Procedimiento Civil se indica que una de las partes puede solicitar al mismo Tribunal la respectiva revisión de la sentencia.

Ya que en el estado de derecho cuando las sentencias sean recurribles para ello existen los procedimientos jurídicos para ejercer los citados recursos por antes Tribunales de Alzada.

En el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sus decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, de acuerdo con lo establecido en el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que esta Sala Constitucional es la ultima instancia dentro del Poder Judicial.

Todo esto en concordancia con lo señalado en el articulo 137 de la Carta Magna que nos enseña, que la Constitución y la ley definen la atribuciones de los órganos del Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen, por lo que el articulo 136 constitucional precisa la forma como están distribuidas.

En diferentes sentencias de las distintas  Salas del Máximo Tribunal de la República,  se manifiesta que la ampliación debe estar circunscrita al punto omitido, es decir, dice la jurisprudencia patria no extenderse a innovar puntos ya decididos del fallo, a fin de evitar las contradicciones que puedan surgir que puedan viciar el fallo y haga imposible su ejecución.

Reitera la doctrina jurisprudencial  del Tribunal Supremo de Justicia, que el auto ampliatorio implica que la sentencia es incompleta, que silencia un punto y aquel la completa.

Distinto es el auto aclaratorio que se limita a esclarecer un punto dudoso, a darle claridad.

Es importante manifestar que el auto ampliatorio no decide un punto controvertido en el juicio, ni modifica la decisión propiamente dicha de los otros puntos de la sentencia, sino que a esta completa con un punto controvertido en el litigio.

A partir del auto de aclaratoria es cuando comienza a contarse el termino para la apelación de la sentencia, la cual se considera integrada en una sola unidad junto con la aclaratoria, porque aquella queda en suspenso hasta tanto no haya la decisión respecto al pedimento de cualquiera de las partes reclamando aclaratoria del fallo.

Nuestro Máximo Tribunal de la República, ha señalado que  cuando una de las partes realiza la solicitud de aclaratoria criticando al fallo, ya que ha debido resolverse en sentido contrario a como lo realizó el sentenciador, debe negarse, ya que lo pretendido es la revocatoria o modificación de lo decidido y ello es improcedente.

Por tanto, la corrección de una sentencia definitiva mediante su aclaración o ampliación, prevista en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil, es una excepción al principio de la irrevocabilidad e intangibilidad del fallo, con el fin de subsanar los errores materiales, dudas u omisiones que aparezcan en el dictamen judicial.

Ahora bien, las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son irrecurribles por ser sentencias de cosa juzgada.

En el caso que nos ocupa relativo a las sentencias 155 y 156 dictadas por las Sala Constitucional en fecha 28 y 29 de las cuales fueron revisadas por la citada Sala Constitucional marzo del 2017, es improcedente, ya que NO puede revisar sus propias sentencias y menos aun cuando fue una solicitud del Consejo de Defensa de la Nación que no tiene cualidad jurídica para solicitarle a la Sala Constitucional que cambie la sentencia ejecutoriada  en cosa juzgada.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acató la Resolución del 01 de abril del 2017 del Consejo de Defensa de la Nación revisando las sentencias y modificándolas, lo cual es improcedente.

De tal revisión se producen las sentencias 157 y 158 que en nada resuelven la intromisión flagrante de la Sala Constitucional en las atribuciones de otro Poder Público, como es la Asamblea Nacional, la cual esta prohibido en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que allí se precisa la separación de poderes y en sentencia del 22-09-2002 de la misma Sala Constitucional donde  hace alusión a la separación de poderes y que ningún otro Poder Público puede invadir ni cumplir atribuciones de otro poder.

Es por ello que la ciudadana Fiscal General de la República, señaló que hay ruptura del orden constitucional el cual esta vigente a pesar de las ilegales revisiones que realizó el Tribunal Supremo de Justicia a las  sentencias 155 y 156 de cuyas revisiones ilegales se emiten las sentencias 157 y 158 también ilegales.

En cuanto al DESACATO tantas veces indicado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es importante  expresar que el Titulo IX de las Sanciones en sus artículos 121, 122 y 123 se indica que las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán que hasta 100 unidades tributarias quienes incumplan, desobedezcan o desacaten las decisiones, acuerdos u ordenes judiciales o llamen públicamente a ello, con multas hasta 200 unidades tributarias a las personas, funcionarios que no acaten sus ordenes o decisiones o no le suministren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que soliciten de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que haya lugar.

De la misma manera, precisa la norma jurídica, si quien hubiere sido sancionado con arreglo a las disposiciones anteriores fuese reincidente la multa será entre 200 y 300 unidades tributarias.

En ninguna de estas normas jurídicas se establece la suspensión o inhabilitación de un órgano del Poder Publico, para que cumpla sus funciones, como es el caso de la Asamblea Nacional; por haber desacatado una sentencia de Sala Constitucional ya que se dejo a todos los Estados de Venezuela, sin la representación popular en la Asamblea Nacional y desde el año 2016  la Sala Constitucional ha venido usurpando funciones de la Asamblea Nacional.

Las cuales se consideran inconstitucionales ya que cada Poder Publico tiene establecido sus propias atribuciones, por lo que las mismas, no deben ser cumplidas por otros Poderes Públicos.

La Asamblea Nacional no esta en desacato por cuanto la misma en el 2016 con la anterior directiva cumplió con el mandato de la sentencia de desincorporar a los tres Diputados de Amazonas y en enero del 2017 la Asamblea Nacional con su nueva Directiva  formalizó la desincorporación de los Diputados antes mencionados.

No obstante, la Sala Constitucional de una manera arbitraria mediante el abuso y desviación de poder, ha venido neutralizando a la Asamblea Nacional para evitar que esta cumpla sus múltiples y delicadas funciones establecidas en el articulo 187 Constitucional.

Además existen varias jurisprudencias de las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, incluida la Sala Constitucional en relación al desacato.

Asimismo, el articulo 49 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, por lo que se demuestra que la sanción de inhabilitar a la Asamblea Nacional no se corresponde con los establecido en la Carta Magna.

En relación a la remoción de los Magistrados de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en las  atribuciones del Ministerio Público, el articulo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica en el numeral 1 que debe garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

En cuanto al numeral 3 señala que ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores, el cual esta en concordancia con los artículos 266 numeral 3 de la Carta Magna, el cual establece, que el Tribunal Supremo de Justicia declarará si hay o no merito para el enjuiciamiento de integrantes del propio Tribunal Supremo de Justicia.

En caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General de la República, si fuere el caso y si el delito fuere común continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. Este caso debe ser conocida por la Sala Plena.

En este caso se deben convocar a los Magistrados suplentes de quienes firmaron las referidas sentencias.

El articulo 275 Constitucional en cuanto a las advertencias del Consejo Moral Republicano, señala que debe establecer las faltas  de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Sobre la remoción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

En este sentido, los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señalan que los Magistrados del Máximo Tribunal de la República, podrán ser removidos de sus cargos en los términos que establece el articulo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indicándose el numeral 1 de este articulo 62 las causas que establezcan la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el Código de Ética del Juez Venezolano.

En cuanto al articulo 63 antes mencionado manifiesta que una vez que sea calificada la falta y sean recibidas las actuaciones del Consejo Moral Republicano, el Presidente de la Asamblea Nacional deberá convocar dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para escuchar al interesado y resolver inmediatamente sobre la remoción planteada.

De conformidad con el articulo 273 Constitucional el Poder Ciudadano, se ejerce por el Consejo Moral Republicano, el cual esta integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República.

Es importante expresar, que para remover a los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se debe votar con dos votos a favor para poder remover a estos Magistrados.

Ahora bien, aquí existe un delito gravísimo en flagrancia por parte de estos Magistrados, ya que están involucrados en la ruptura del orden constitucional, como lo señaló la Fiscal General de la República.

Escribe aquí abajo, en la sección de comentarios, tus preguntas e inquietudes, respondo siempre a la brevedad posible. También te invito a compartir este escrito entre aquellos a quienes pienses podría interesarle

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (31 de Marzo de 2017)

También están disponible aquí mis escritos sobre:

 

 

35 Comentarios Agrega el tuyo

  1. guillermo lozano dice:

    Excelente y Magistral interpretación, ojala se cumpla en este contexto que estamos en presencia del IUS IMPERIUM

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    1. Gracias por haber leído el escrito sobre las sentencias 155 y 156. Definitivamente con este gobierno todas las decisiones judiciales que a ellos les interesa esta revestidas de un tinte político de acuerdo a sus intereses particulares o de grupos partidistas. Esto demuestra que no hay separación de poderes y la arbitrariedad del TSJ del desacato es una maniobra política para tener inhabilitada a la AN y el Ejecutivo Nacional haga lo que desea por esas amplias facultades que le otorga la Sala Constitucional.

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      1. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ dice:

        buenos dias DrMarcano mi saludo espero se encuentre bien me encanta todos sus tema y articulos me gustaria saber si usted da clase en aguna universidad o ponencia charla para yo asistir mi correo es abgmaria2015@gmail.com mi whatsapp es 04267302411 que dios le bendiga en compañia de sus seres querido y lo que le rodea

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      2. Hola Maria.

        Ya no estoy impartiendo clases en Universidad por la situación presupuestaria de esas casas de estudio, tampoco charlas, por cuanto mi trabajo diario en tribunales me consumen todo el tiempo.

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        Dicha entrevista genera honorarios profesionales, que le indicaré si requiere mis servicios y los temas o tema a tratar.

        Gracias por leerme.

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  2. yeison dice:

    Excelente análisis. Ajustado y sustentado tanto a la coyuntura citada y al soporte y argumento legal. Sin embargo a efecto vivendi deberán evacuarse las pruebas pertinentes y sustentarse con la pretensión de que la interpretación sea la correcta y no la conveniente… Los sistemas establecidos desde lo mas ínfimo del “derecho” son maleables e interpretativos y muchas veces bañados de un matiz político y oportuno.

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    1. Buenas tardes Yeison

      De cierta manera en Venezuela de épocas anteriores, en el mundo entero, las leyes deben ser adaptadas a los nuevos acontecimientos que ocurran, y de esa manera la flexibilidad de las mismas dentro de la norma jurídica debe estar acorde con las exigencias de la Constitución y del ordenamiento jurídico vigente.

      Sin embargo en ocasiones, están revestidas con un poco de interpretaciones políticas, ya que en este mundo, se responde a los planteamientos de cada magistrado en la interpretación del legislador y constituyente, pero eso no significa que esa interpretación sea estrictamente política, ya que entonces el magistrado incumpliría con los mandatos de ley

      Saludos, un abrazo

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  3. JOSE dice:

    es solamente una opinion politica, bajo de un analisis politico. solo eso

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    1. Buenas tardes José

      El análisis de las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del TSJ que hago en este artículo es estrictamente jurídico

      Saludos

      Me gusta

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