Competencias en materia de Amparo Constitucional: transgresiones y apelaciones

Continúo aquí mi análisis jurídico de las competencias en materia de amparo constitucional, ahora en relación a asegurar la integridad de la Constitución

Asegurar la integridad de la Constitución

La Sala Constitucional reconoce que todos los Tribunales de la República, incluyendo las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia les corresponde asegurar la integridad de la Constitución, mediante el control difuso de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 334 constitucional.

Sin embargo,  ello no les permite conocer mediante la acción de amparo las infracciones que se les denuncien, salvo los Tribunales competentes para ello, tal como lo señala el articulo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías  amparos constitucionales.

Como consecuencia de la doctrina expuesta, es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo Juez que dicte el fallo o un acto procesal, considera la Sala Constitucional que es inconveniente, ya que no hay razón alguna para que el Juez que dictó un fallo, donde debió ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución,  revoque su decisión y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio,  garante de tal seguridad jurídica, el cual establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte, el cual se encuentra establecido en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil, ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde se tenga la certeza que las sentencias provienen de un Juez idóneo en el manejo de la Constitución, y que no pueden modificarse bajo la petición de que se subsanen sus errores.

Transgresiones a la Constitución y Apelaciones

Las transgresiones a la Constitución que cometan los Jueces serán conocidas por los Jueces de la apelación, salvo que sea para restablecer inmediatamente la situación infringida, caso en que el amparo lo conocerá  otro Juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23,24, y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre  Derechos y Garantías Constitucionales.

Ahora bien cuando las violaciones de derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los Jueces, el amparo podrá interponerse ante el Juez que este conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado.

Consecuente con la doctrina sobre la competencia que la Sala desarrolla en este fallo, la Sala pasa a interpretar la competencia de los Tribunales que deban conocer los amparos previstos en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Según la Sala este articulo no colide con la Constitución y mantiene plena vigencia, y según el, las acciones de amparo pueden ser ejercidas conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos o contra las conductas omisivas.

Sobre este particular la Sala manifestó que,  al estar vigente el articulo 5 ejusdem, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenido en este fallo, y es que los Tribunales incluyendo las demás Salas de este Alto Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca.

En relación a los amparos autónomos que cursan en la actualidad en las otras Salas, consideró la Sala Constitucional que la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, siendo tal competencia de orden público, por lo que respecto a dicha competencia ratione materiae no se aplica el articulo 3 del Código de Procedimiento Civil, según la cual la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, sino que ella será determinada por la materia, la cual dentro de la jurisdicción constitucional, por los motivos señalados en esta sentencia,  la ha asumido esta Sala en materia de amparo en la forma establecida en el fallo.

Determinados los criterios de competencia de amparo y por imperativo del articulo 335 constitucional, la Sala se pronuncia en relación a la acción ejercida en contra del Ministro y Vice Ministro del Interior y Justicia, por lo cual de conformidad con el articulo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con el criterio en que en esta oportunidad se establece, la Sala Constitucional es la competente para conocer el amparo interpuesto y así fue declarado.

En sentencia No 1301 de fecha 20 de junio del 2005 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  eliminó la consulta de ley, al interpretar el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en relación con los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Articulo 35

Contra la decisión dictada en primera Instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación a un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Publico o los Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, el cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente.Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días

Cuando entró en vigencia la Constitución, se produjeron efectos derogatorios, respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas.

La consecuencia de tales efectos  es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución.

Articulo 26

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible e imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,  equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles”

Articulo 27

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los Tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, publico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida a la situación que mas se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el Tribunal lo tramitara con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta  bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración de estado de excepción o la restricción de garantías constitucionales”

Articulo 257” El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los tramites  y adoptaran un procedimiento breve,  oral y publico. No se sacrificara la justicia  por la omisión de formalidades  no esenciales 

Por tanto la consulta a que se refiere el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales antagoniza con lo establecido en los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto la consulta establecida en la ley especial de amparo queda derogada por la Disposición Derogatoria  Única de la Constitución y así fue declarada.

Escribe aquí abajo, en la sección de comentarios, tus preguntas e inquietudes, respondo siempre a la brevedad posible. También te invito a compartir este escrito entre aquellos a quienes pienses podría interesarle

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (15 de Diciembre de 2016)

También he publicado, entre muchos otros escritos, sobre:

 

 

 

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