Competencias en materia de Amparo Constitucional

Escrito dedicado a las competencias en materia de amparo constitucional.

Emery Mata Millan contra el Ministro del Interior y Justicia, Ignacio Luis Arcaya, Vice-Ministro del Interior de Justicia, Alexis Aponte, y otra

Esto es el caso de Emery Mata Millan contra el Ministerio de Interior y Justicia, Ignacio Luis Arcaya,  Vice-Ministro de Interior y Justicia Alexis Aponte y otra.

En decisión No 01 del 20 de enero del 2000 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  decidió en relación a este asunto relacionado con la materia de amparo constitucional.

Sin embargo esta Sala realizó una consideración previa: 

Estableció la cuestión relacionada con su competencia para conocer de la propuesta de amparo, señalando  que de conformidad con lo dispuesto en el ultimo aparte del  articulo 266 constitucional  le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejercer la jurisdicción constitucional.

Por lo que sus decisiones son vinculantes para las otras Salas del Máximo Tribunal de Justicia y demás Tribunales de la República de conformidad con lo indicado en el articulo 335 de la Carta Magna.

Señalando la Sala que la jurisdicción constitucional comprende  declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango legal, tal como se manifiesta en el articulo 334 Constitucional, sino  que revisa las demás sentencias de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los demás Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley órganica respectiva, haciendo hincapié en el numeral 10 del articulo 336 constitucional.

Por las razones expuestas esta Sala declara  que la competencia expresadas en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías  Constitucionales  ha desaparecido ya que la materia constitucional  corresponde a esta Sala.

Por tanto y con fundamento a lo indicado en la consideración previa la Sala Constitucional declaró que la competencia expresada en los artículos 7 y 8  de la ley queda distribuida así:

Corresponde a la Sala Constitucional por ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante  de la supremacía y efectividad de las normas  y principios constitucionales de acuerdo con el articulo 335 constitucional , el conocimiento directo en única instancia de las acciones de amparo a que se refiere el articulo 8 de la Ley Orgánica sobre Amparo de Derechos y  Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios  a que se refiere dicho articulo, así como contra los funcionarios  que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.

También corresponde a la Sala Constitucional  la competencia para conocer  de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones  de ultima instancia  emanadas de los Tribunales  Superiores de la República, la Corte Primera en lo Contencioso  Administrativo y las Cortes de Apelaciones  en lo penal que infrinjan  directa e inmediatamente normas constitucionales.

Corresponde a la Sala conocer las apelaciones y consultas  sobre las sentencias de los Tribunales Superiores aquí señalados  cuando ellos conozcan  la acción de amparo  en Primera Instancia.

Corresponde a los Tribunales  de Primera Instancia  de la materia relacionada o afín  con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan  diferentes a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas  que emanen de los mismos, de cuyas decisiones  no habrá apelación ni consulta.

En materia penal, cuando la acción de amparo tenga por objeto la libertad y seguridad personales, será conocida por el Juez de Control.

Mientras los Tribunales de Juicio serán los competentes para conocer los otros amparos de acuerdo a la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación que sea afín a su competencia natural.

Las Cortes de Apelaciones conocerán de las apelaciones y consultas de las decisiones que se dicten en esos amparos.

La labor revisora de las sentencias de amparo que atribuye el numeral 10 del articulo 336 Constitucional a la Sala Constitucional y la misma será desarrollada  por la ley orgánica respectiva, la entiende la Sala en el sentido de que en los actuales momentos  una forma de ejercerlo es mediante la institución de la consulta, prevista en el articulo 35 de la ley especial sobre amparos, pero como la  institución de la revisión a la luz de la doctrina constitucional es otra;  y las instituciones constitucionales deben entrar en vigor de inmediato, cuando fuera posible, sin esperar desarrollos legislativos ulteriores, considera la Sala que en forma selectiva, sin atender a recurso especifico y sin quedar vinculado por peticiones en este sentido, la Sala por vía excepcional  puede revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que, de acuerdo a la competencia  de los Tribunales de Segunda Instancia, quienes conozcan  la causa por apelación y que por lo tanto  no susceptible de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala.

El poder de revisión general, lo entiende la Sala  y lo hace extensivo a todo amparo, en el sentido que si el accionante adujere la violación de un determinado derecho o garantía constitucional, y la Sala considerare que los hechos probados tipifican otra infracción a la Constitución, no alegada la Sala Constitucional puede declararla de oficio.

La Sala Constitucional reconoce que todos los Tribunales de la República, incluyendo las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia les corresponde asegurar la integridad de la Constitución, mediante el control difuso de la misma de conformidad con lo establecido en el articulo 334 constitucional.

Sin embargo,  ello no les permite conocer mediante la acción de amparo las infracciones que se les denuncien, salvo los Tribunales competentes para ello, tal como lo señala el articulo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías  amparos constitucionales.

Como consecuencia de la doctrina expuesta, es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo Juez que dicte el fallo o un acto procesal, considera la Sala Constitucional que es inconveniente, ya que no hay razón alguna para que el Juez que dicto un fallo, donde debió ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución,  revoque su decisión y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio,  garante de tal seguridad jurídica, el cual establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dicto, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte, el cual se encuentra establecido en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil, ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde se tenga la certeza que las sentencias provienen de un Juez idóneo en el manejo de la Constitución, y que no pueden modificarse bajo la petición de que se subsanen sus errores.

Las transgresiones a la Constitución que cometan los Jueces serán conocidas por los Jueces de la apelación, salvo que sea para restablecer inmediatamente la situación infringida, caso en que el amparo lo conocerá  otro Juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24, y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre  Derechos y Garantías Constitucionales.

Ahora bien cuando las violaciones de derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los Jueces, el amparo podrá interponerse ante el Juez que este conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado.

Consecuente con la doctrina sobre la competencia que la Sala desarrolla en este fallo, la Sala pasa a interpretar la competencia de los Tribunales que deban conocer los amparos previstos en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Según la Sala este articulo no colide con la Constitución y mantiene plena vigencia, y según el, las acciones de amparo pueden ser ejercidas conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos o contra las conductas omisivas.

Sobre este particular la Sala manifestó que,  al estar vigente el articulo 5 ejusdem, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenido en este fallo, y es que los Tribunales incluyendo las demás Salas de este Alto Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administracion, mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca.

En relación a los amparos autónomos que cursan en la actualidad en las otras Salas, considero la Sala Constitucional que la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, siendo tal competencia de orden público, por lo que  respecto a dicha competencia ratione materiae no se aplica el articulo 3 del Código de Procedimiento Civil, según la cual la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, sino que ella será determinada por la materia, la cual dentro de la jurisdicción constitucional, por los motivos señalados en esta sentencia,  la ha asumido esta Sala en materia de amparo en la forma establecida en el fallo.

Determinados los criterios de competencia de amparo y por imperativo del articulo 335 constitucional, la Sala se pronuncia en relación a la acción ejercida en contra del Ministro y Vice Ministro del Interior y Justicia, por lo cual de conformidad con el articulo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con el criterio en que en esta oportunidad se establece, la Sala Constitucional es la competente para conocer el amparo interpuesto y así fue declarado.

En sentencia No 1301 de fecha 21 de junio del 2005 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  elimino la consulta de ley, al interpretar el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en relación con los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Articulo 35:

Contra la decisión dictada en primera Instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación a un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Publico o los Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, el cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30 ) días.

Cuando entró en vigencia la Constitución, se produjeron efectos derogatorios, respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas.

La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución.

Articulo 26

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible e imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,  equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles.

Articulo 27

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los Tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida a la situación que mas se asemeje a ella.

Todo tiempo será hábil y el Tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta  bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración de estado de excepción o la restricción de garantías constitucionales”

Articulo 257

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los tramites  y adoptaran un procedimiento breve,  oral y publico. No se sacrificara la justicia  por la omisión de formalidades  no esenciales”

Por tanto la consulta a que se refiere el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales antagoniza con lo establecido en los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto la consulta establecida en la ley especial de amparo queda derogada por la Disposición Derogatoria Única de la Constitución y así fue declarada.

Escribe, tus inquietudes, preguntas, comentarios y opiniones sobre este tema aquí abajo en la sección de comentarios, respondo siempre a la brevedad posible

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (15 de Diciembre de 2016)

Entre otros muchos escritos, también he publicado sobre:

 

 

 

 

 

 

20 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Mario dice:

    Buenas noches, quisiera saber cómo se puede desarrollar en un trabajo la competencia de un amparo Constitucional, como saber que sala es la competente para conocer

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    1. Hola Mario.

      Todos los tribunales de la República son competentes para conocer de amparos constitucionales. Tribunales de Juicio del trabajo, Tribunales de Primera Instancia Bancarios, Transito y Civiles, Cortes de apelaciones y el el Tribunal Supremo de Justicia La Sala Constitucional entre otros cuya decisiones son vinculante para los demás tribunales de la República.

      Gracias por leerme.

      Me gusta

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