La caducidad en lo contencioso laboral y las diferentes jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia

Aquí leerás mi análisis jurídico sobre la caducidad en lo contencioso laboral y las diferentes jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia.

En sentencia del 02/05/2015 la Sala de Casación Social manifestó que al interponerse un recurso de nulidad conjuntamente con una acción de amparo constitucional, el órgano jurisdiccional debe pronunciarse provisionalmente sobre la admisión de la acción principal con prescindencia del análisis de la causa relativa a la caducidad del recurso que se haya ejercido.

Por lo que debe resolver de manera inmediata la pretensión de amparo cautelar formulada.

En este sentido cuando se decrete el amparo cautelar y la contraparte formule oposición contra el mismo, se debe seguir el procedimiento señalado en el articulo 602 del Código de Procedimiento Civil en relación al articulo 106 de la Ley Órganica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia manifiesta que en el supuesto que sea declarado improcedente el amparo cautelar solicitado, el expediente debe ser remitido al Juzgado de Sustanciación para que  dicte la decisión que corresponda a la caducidad, como causal de inadmisibilidad del recurso principal.

El articulo 602 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva si la parte contra quien obre estuviere ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.

Haya habido o no oposición se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos.

Recalca la norma jurídica que en los casos a que se refiere el articulo 590, no habrá oposición ni la articulación de que se trata este articulo, pero la parte podrá hacer suspender la medida como se establece en el articulo 589.

Sin embargo, en sentencia de la Sala de Casación Civil del 06 de diciembre de 1994 indicó que a juicio de la Sala, esa oposición a la medida preventiva puede ocurrir válidamente dentro del tercer día siguiente, según los casos previstos por la indicada norma, sea en el primero, segundo o tercer día de los que componen el lapso.

Es importante señalar  que la oposición de las medidas cautelares a que se refiere el articulo 602 del Código de Procedimiento Civil consiste en el derecho de la parte contra quien se libren estas a contradecir los motivos que condujeron al Juez a tomar su decisión con el fin de que este declare sin lugar la medida cautelar acordada.

Ante una sentencia mediante la cual el superior haya ordenado decretar la cautela negada por el a quo, lo conducente en derecho es la oposición ante el Tribunal de la cognición, y subsiguientemente de acuerdo a lo establecido en el articulo 602 de la Ley Adjetiva Procesal Civil haya habido o no la interposición de la misma, lo conducente es darle curso a la correspondiente articulación probatoria que permita a los interesados promover y evacuar las pruebas que convengan a sus derechos así como controlarla y contradecirlas, lo cual generara de acuerdo al articulo 603 del Código de Procedimiento Civil a mas tardar dentro de los dos días siguientes al termino de la articulación probatoria, la sentencia que pone fin a la incidencia cautelar y contra la cual se oirá apelación, todo ello de conformidad con la sentencia de la Sala de Casación Civil del 11 de mayo del 2007.

Ahora bien ante esta situación en sentencia de la Sala Constitucional del 16 de junio del 2003 indicó que es criterio reiterado de esta Sala que ante este tipo de decisiones la parte cuenta con un medio judicial breve, idóneo y expedito como lo es la oposición de la medida innominada, cuyo agotamiento constituye presupuesto de admisibilidad del amparo.

El articulo 106 de la Ley Orgánica en lo Contencioso Administrativa, esta norma jurídica manifiesta que  la oposición de las medidas se regirá  por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, en sentencia de la Sala Constitucional del 19 de julio del 2005 expresó que si se ha declarado procedente la medida cautelar solicitada, se ordenará realizar la tramitación de la oposición a la que tiene derecho la parte contra la cual obra la medida de conformidad con lo establecido en el articulo 602 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien siguiendo la jurisprudencia antes indicada de la Sala de Casación Social, esta manifiesta que de las argumentaciones precedentes pudo esta Sala observar que en el caso de autos el Juez a quo declaró la caducidad de la acción del recurso contencioso administrativo de nulidad, sin examinar lo referente al amparo cautelar propuesto, declarando en consecuencia la inadmisibilidad del recurso incoado, lo cual transgrede el articulo 5 parágrafo Único de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en lo relativo a la exclusión de la caducidad como causal de inadmisibilidad.

Por lo que la Sala Político Administrativa en decisión del 20 de marzo del 2001 se pronunció en relación a la necesidad de reinterpretar los criterios relativos  a la naturaleza cautelar del amparo conjunto en los siguientes términos: Que el examen de los principios constitucionales comentados, lleva implícito el reforzamiento  del poder cautelar del Juez contencioso administrativo, particularmente cuando actúa como arbitro de un procedimiento en el cual se ventilan violaciones a derechos y garantías constitucionales.

Expresa la Sala Político Administrativa que en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial figura, la Sala Político Administrativa estima necesaria la inaplicación del procedimiento previsto en los artículos 23,24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan a la institución del amparo, lo cual no es óbice para que la Ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo.

Por lo que una vez admitida la causa principal por la Sala se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el principio constitucional acotado.

En decisión  de la Sala Político Administrativa del 24/09/2013 se ratificó el criterio expuesto en la decisión del 20 de marzo del 2001.

Por lo que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 547 del 08/05/2014 acogió esta doctrina jurisprudencial de la Sala Político Administrativa.

En decisión No 150 de fecha 24 de marzo del 2000 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la naturaleza de la caducidad en el proceso.

La caducidad en el procedimiento de amparo en especial referencia al concepto de notoriedad judicial.

La inmotivación es un vicio de orden publico.

La Sala Constitucional indicó que la caducidad de la acción establecida en  la ley es una causal de inadmisibilidad de la misma.

Por lo que la parte demandada en el proceso civil puede oponer tal caducidad como cuestión previa, impidiendo la entrada del juicio para discutir la cuestión de fondo y logrando se declare con lugar dicha cuestión, una sentencia que pone fin al juicio o también puede oponerla como cuestión de fondo, obteniendo el mismo resultado.

Es la ley la fuente de la caducidad y ella se cumple en forma inexorable por el transcurso del tiempo, cuando no se haya interpuesto la acción.

La caducidad no es una institución que pueda  suspenderse, al contrario de la prescripción que puede interrumpirse y que no ataca la acción sino al derecho material que se quiere hacer valer.

En tal sentido, el derecho pierde exigibilidad motivada por la prescripción, pero si la obligación prescrita se cumple; no existe posibilidad de repetir lo cumplido, ya que la prescripción es renunciable por tratarse de una institución atinente al derecho y a su disponibilidad.

Pero en sentencia No 727 del 08 de agosto del 2003 la  misma Sala Constitucional,  señalo que el lapso de caducidad

“…transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción ni suspensión”, señalando la Sala que la caducidad es un lapso procesal y en relación con el carácter de este, se ha pronunciado y ha establecido que los lapsos procesales establecidos en las leyes y aplicados jurisdiccionalmente no son formalidades que puedan ser desaplicados con base al articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”

Escribe, tus inquietudes, preguntas, comentarios y opiniones sobre este tema aquí abajo en la sección de comentarios

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (15 de Diciembre de 2016)

Entre otros escritos, también he publicado sobre:

 

 

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