Presupuesto de Venezuela 2017 ¿Quién lo autoriza?

Análisis jurídico respecto a la autorización del presupuesto de Venezuela para el 2017.

Presupuesto de la nación: decisión del 11 de Octubre de 2016

Se realizará un estudio jurídico de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde en decisión del 11 de octubre del 2016  se indicó que el presupuesto de  la nación debe ser enviado a la  Sala Constitucional y no a la Asamblea Nacional de acuerdo  a la solicitud realizada por el ciudadano Presidente de la República.

El análisis se hará lo más sencillo posible para que el público en general tenga una mejor visión de los argumentos jurídicos que se emplearán.

En nota de prensa el Tribunal Supremo de Justicia señaló que:

“Desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional”

En sentencia de esta Sala Constitucional de fecha 11 de octubre del 2016 se decidió que el Presupuesto de la Nación del 2017 sea presentado por el Presidente Nicolás Maduro Moro a la Sala Constitucional, bajo la normativa del Decreto que tendrá valor y Fuerza de Ley y no ante la Asamblea Nacional, por cuanto afirma la Sala que:

a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional ante el deber de honrar los postulados de la separación y equilibrio de poderes que conforman el poder público y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional

Es importante recordarles que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en decisión 260/2015 del 30/12/2015 suspendió la proclamación de los cuatro diputados del estado Amazonas uno del Psuv y tres de la MUD.

Posteriormente en decisión del 1/2016 del 11/01/2016 la Sala Electoral  ordenó desincorporar de la Asamblea Nacional a los Diputados de Amazonas y en decisión 3/2016 del 14/ 01/2016 la Sala Constitucional convalido la decisión de la Sala Electoral sobre los diputados del Estado Amazonas.

Estas decisiones NO fueron acatadas por la Asamblea Nacional y en sentencia de la Sala Constitucional, manifestó que el desacato de la Asamblea Nacional trajo como consecuencia que  a partir de dicha sentencia todos los actos de la Asamblea Nacional No tendrían ninguna validez y ningún efecto jurídico.

Consecuencias del Desacato de la Asamblea Nacional de la Sentencia de la Sala Constitucional y la Sala Electoral

El artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último interprete de la Constitución, por lo que velará por su uniforme interpretación y aplicación.

Agregando esta norma constitucional que la Sala Constitucional hará las interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, las cuales son vinculantes para todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales de la República.

La Sala Constitucional en su decisión del 11 de octubre del 2016  decide que el Presupuesto debe ser enviado a esa Sala Constitucional y NO a la Asamblea Nacional, tomando como fundamento el artículo 336 constitucional en sus ordinales 3 y 4 en concordancia con el articulo 2 ordinal 4 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica declarado constitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en sentencia No 810 del 21/9/2016 cuya ampliación fue solicitada el pasado 03/10/2016 por el ciudadano Presidente de la República de conformidad con lo establecido con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que el artículo 336 constitucional señala las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia donde el ordinal 3 dice que:

Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución

El ordinal 4 señala que:

Declarar la nulidad total o parcial de los actos de ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estadal en ejecución del Poder Público, cuando colida con esta

Ahora bien, el artículo 337 constitucional señala que el Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar estados de excepción y se nombran las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente  la seguridad de la Nación y el artículo 338 constitucional señala que podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación.

Su duración será de HASTA 60 días prorrogables por un plazo igual.

Pero en Gaceta Oficial extraordinaria No 6256 de fecha 13-09-2016 el ciudadano Presidente de la República en Decreto No 2452 solicitó la prórroga por 60 días más del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional.

En el citado Decreto se indica que el Ejecutivo Nacional se abroga el derecho de levantar sanciones de carácter político contra las autoridades de los poderes públicos puedan obstaculizar la continuidad de la aplicación de las medidas que buscan reactivar la economía.

Prórroga del Decreto No- 2452 de Septiembre 2016 de Estado de Excepción y Emergencia Económica

El ciudadano Presidente de la República, solicito a la Asamblea Nacional la prórroga del Decreto  No 2452 de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el  cual fue publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria No 6256 de fecha 13-09-2016.

El artículo 2 del citado Decreto señala que:

Como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción, a que se refiere este decreto, podrán ser restringidas para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional in fine y las señaladas en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de alguna de las medida excepcionales que a continuación se mencionan

Numeral 4  

Decretar normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensación entre sí, que regirán para el ejercicio económico 2017, si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al patrimonio público, a los venezolanos y venezolanas, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos del poder público

Se puede observar, que el Decreto en este numeral 4 manifiesta claramente, cuando afirma que si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto 2017, es decir que el Ejecutivo Nacional había dejado claro que si el desacato de la Asamblea Nacional continuaba, tomaría las previsiones pertinentes.

Por lo que  en nada debe extrañar que el ciudadano Presidente de la República acudiera a la Sala Constitucional para que esta le diera la solución y NO se entiende como la mayoría legislativa, se sorprendió de tal decisión, cuando ya se lo habían expresado.

Numeral 11

Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto, optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de recursos ajustaran los correspondientes presupuestos de ingresos

 Numeral 12

Aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a las autorizaciones de otros poderes públicos

Numeral 15

Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la nación

Artículo 3

El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime conveniente a las circunstancias de conformidad con los artículos 337, 338 y 339  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este decreto…”

Rechazo de la Asamblea Nacional del Decreto y de Estado de Excepción y emergencia Económica, y aprobación por ser constitucional por Tribunal Supremo de Justicia

El Decreto de Estado de Excepción  y Emergencia Económica presentado en cuatro (4) oportunidades por el ciudadano Presidente de la República a la Asamblea Nacional  NO fue aprobado por la mayoría de los Diputados del Poder legislativo.

Sin embargo, el citado Decreto fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos Magistrados decidieron que el mismo es constitucional y por ende se ha venido aplicando sucesivamente.

Contra estas decisiones de la Sala Constitucional NO existe recurso alguno contra sus sentencias, ya que el artículo 335 constitucional señala que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y vinculantes para todas las Salas del Máximo Tribunal y demás Tribunales de la República, el cual será su máximo y ultimo interprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación.

Competencia y Control de la Asamblea Nacional en los Estados de Excepción

El mismo artículo 338 indica que la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional.

El articulo 339 manifiesta que el decreto que señale el estado de excepción en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe el cual será presentado a la Asamblea Nacional dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie en relación a su constitucionalidad.

Sin embargo, es importante resaltar que este decreto de estado de excepción, cumplirá con las exigencias y garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención de Derechos Humanos.

Indicándose más adelante que el Presidente de la República podrá solicitar su prorroga por un plazo igual, es decir por 60 días adicionales y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

Obsérvese, que la Constitución es taxativa y clara al indicar que el estado de excepción es por 60 día y prorrogable por 60 días adicionales.

Es de gran importancia precisar que la declaratoria del estado de excepción NO interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

Y se indica que  el Decreto de Estado de Excepción debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.

Asimismo establece la norma constitucional que el Decreto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y luego de aprobado la Sala Constitucional se expresaría sobre su constitucionalidad.

Pero al NO ser aprobado por la Asamblea Nacional como requisito previo, aunque la Sala Constitucional lo aprobara, el Decreto no debía entrar en vigor por cuanto ya la AN lo había negado y No tenía sentido que el Máximo Tribunal de la República entrará a conocer el fondo de la controversia.

Este es mi criterio jurídico, que no debió haber entrado en vigor el citado decreto de estado de excepción.

Pero, ya que el mismo había sido aprobado por Sala Constitucional, la prórroga solo sería única y exclusivamente por 60 días tal como lo señala el artículo 338 constitucional al expresar:

“… su duración será  de hasta  sesenta días prorrogables por un plazo igual”.

Se puede apreciar que se utiliza la palabra “HASTA” que es un término procesal.

En palabras sencillas solo por 60 días y 60 días de prorroga NADA MAS.

Esto está en concordancia con el artículo 12 de la Ley Especial de los Estados de Excepción, cuando indica que su duración será hasta de 60 días.

Asimismo con el artículo 33 de esta misma ley, cuando de manera taxativa expresa lo siguiente:

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si, la Asamblea Nacional, o la comisión delegada desaprobare el decreto de Estado de Excepción, o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia

La Ley Orgánica  Sobre Estados de Excepción señala en su artículo 12 que:

El  Presidente de la República… podrá decretar el estado de emergencia económica … su duración será hasta sesenta días, prorrogables por un plazo igual…

Artículo 33

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prorroga, declarando extinguida la instancia.”

La Asamblea Nacional No aprobó los diferentes decretos de Estado de Excepción y de Emergencia Económica presentado por el Ciudadano Presidente de la República

El ciudadano Presidente de la República, en Decreto No 2323 de fecha 13 de mayo del 2016  del Estado de Excepción y Emergencia Económica presentado por el Ejecutivo Nacional y publicado en Gaceta Oficial No 6227 de fecha 13 -05-2016  indica que por las circunstancias extraordinarias de orden social, económica, política, natural y económica que afectan gravemente la economía de la Nación, el citado Decreto en su artículo 2 señala

Como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción de emergencia  económica a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente relacionado con los siguientes casos:

Numeral 4

“La autorización por parte del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, derogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de recursos ajustaran los correspondientes presupuestos de ingresos

Numeral 5

La aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento o autorizaciones de otros Poderes Públicos

Artículo 3 

El Presidente de la Republica… podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime conveniente a las circunstancias de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…

En Decreto No 2371 del 12-07-2016 y publicado en Gaceta Oficial No 40942 de fecha 12/07/2016  prorroga a 60 días más el plazo establecido en el Decreto 2323 donde se declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica en el país.

Más al respecto de este tema en la parte II en la cual trato sobre las competencias de la Asamblea Nacional en cuanto a la autorización del presupuesto de Venezuela

Escribe, tus inquietudes, preguntas, comentarios y opiniones sobre este tema aquí abajo en la sección de comentarios

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (16 de Octubre de 2016)

Entre otras publicaciones, también he escrito sobre:

 

 

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