Presupuesto de Venezuela 2017: Asamblea Nacional

Escrito dedicado al análisis jurídico sobre la autorización del presupuesto de Venezuela y las competencias de la Asamblea Nacional.

Previamente hice un estudio jurídico de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 11 de Octubre de 2016

Competencias de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional le corresponden 24 competencias señalada en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre las cuales se destacan:

Numeral 1

Legislar en las materias de competencia Nacional y sobre las distintas ramas del Poder Nacional

El Poder Público en Venezuela

De conformidad con el artículo  136 constitucional, el Poder Público se distribuye en Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional.

El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

En este sentido, el Poder Público Nacional su estructura lo componen el Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Moral y Ciudadano y Poder Electoral.

El Poder Público Nacional está compuesto por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la Republica, los Ministros, Consejo de Ministros Procuraduría General de la República Consejo de Estado, la Administración Pública Descentralizada la cual está constituida por los Institutos Autónomos, Asociaciones Civiles, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Servicios Autónomos sin personería jurídica.

El Poder Legislativo, está constituido por la Asamblea Nacional, Comisiones Permanentes y Comisión Delegada.

El Poder Judicial constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, integrado por las Salas Plena, Constitucional, Político- Administrativo, Casación Civil, Casación Social y Sala Electoral.

Asimismo la constituyen ese Poder Judicial la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Tribunales de la República, Ministerio Publico Defensorías Publicas.

El Poder Moral y Ciudadano, constituido por el Defensor del Pueblo, Fiscalía General de la República, Contralor General de la República y Consejo Moral Republicano.

El Poder Electoral constituido por Consejo Nacional Electoral, Comisión Nacional  Electoral, Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de participación Política y Financiamiento.

Como se puede observar, las competencias solo en este numeral “1” del artículo 187  constitucional son innumerables y muy delicadas donde la Asamblea Nacional tiene competencia de conformidad con lo establecido en el  articulo 136 constitucional.

Numeral 2

“Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en esta

Numeral 3

Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la Administración Publica Nacional…

Numeral 4

Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.

Numeral 5

Presentar amnistías”

Numeral 6

“Discutir y aprobar el Presupuesto Nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito publico

Numeral 7

Autorizar los créditos adicionales al presupuesto

Numeral 8

Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo constitucional

Numeral 9

Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional… con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela

Numerales del 10 al 24

Señalan los votos de censura al Vicepresidente Ejecutivo y a los Ministros, autorización para misiones militares en el exterior o extranjeras en Venezuela, autorización para enajenación de bienes, autorización para honores a funcionarios o recompensas por gobiernos extranjeros, autorizar el nombramiento del Procurador General de la República y de los jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes, Honores del panteón nacional a  venezolanos que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de haber transcurrido 25 años, autorización para ausencias del Presidente de la República por un lapso superior a 5 días consecutivos, aprobación de tratados internacionales, dictar su reglamento y aplicarlo, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia, organizar su seguridad interna,  acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, ejecutar las resoluciones a su funcionamiento y todo aquello que señale la Constitución y las leyes.

Sin embargo, todo esto en concordancia con los artículos de la misma Carta Magna tales como: 14, 149, 150, 154, 233, 234, 235, 236, 240, 246, 249, 252, 266, 267, 279, 296, 312, 314, 317, 338, 339, 341, 343 y 344.

En sentencia del 23/09/2002 expediente 02/2116 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señalo lo siguiente:

En Venezuela, con base a la nueva Constitución, el Poder Público se distribuye en tres  poderes: el Municipal, el Estadal y el Nacional, y este último se subdivide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (artículo 136 de la Constitución). Cada una de las ramas del Poder Público tiene establecidas en la Constitución y las Leyes las funciones propias, las cuales se cumplen ceñidas a las leyes (artículos 136 y 137 constitucionales).

Ello significa que las atribuciones privativas que la ley señale a un Poder Público NO PUEDEN SER CUMPLIDAS, NI INVADIDAS POR OTRO”

Venezuela es un Estado Federal y Descentralizado, por lo que el Poder Público se divide en Vertical y Horizontal.

Solo haré referencia al horizontal, constituido por el Poder Nacional el cual está constituido en los tres poderes clásicos de Montesquieu, los cuales son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que en nuestra Venezuela con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se adicionaron el Poder Ciudadano, y el Poder Moral.

 En este sentido, el artículo 137 Constitucional que es un principio de legalidad  señala que:

La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

Esto significa que los Poderes Públicos, como es el caso del Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Moral ciudadano y el Poder Electoral tienen en la Carta Magna su competencias  y atribuciones de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y 137 constitucionales y de acuerdo a la doctrinal Jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 23/09/2002 expediente No 02/2116  donde manifestó que las atribuciones de cada Poder Público son privativas de cada Poder Público, las cuales están definidas  en la Constitución y en la leyes, por lo que ningún otro poder puede cumplirlas ni invadirlas.

Usurpación de Autoridad

La Usurpación de Autoridad de Acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

El artículo 138 Constitucional señala que:

Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

Como hemos explicado antes, cada Poder Público tiene definido en la Constitución y en la leyes sus competencias y atribuciones, las cuales le son privativas y no puede ser ejercida por otro Poder Público.

Por lo que están obligados los órganos del Estado de someterse a lo que indique la ley, la cual es conocida como un principio de legalidad administrativa.

Por tanto, cuando un órgano determinado de alguna rama del Poder Público asume funciones que son atribuciones de otro Poder Público, como es el caso del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que NO fue aprobado por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que era Constitucional, se invadió una atribución que es privativa de la Asamblea Nacional y que el TSJ NO tiene competencia para aprobar un Decreto que había sido negado por la Asamblea Nacional.

Asimismo, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, NO tiene competencia para aprobar la Ley de Presupuesto del 2017, por cuanto la misma es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y su fundamento se encuentra en el artículo 187 en concordancia con los artículos 136 y 137 de  la Carta Magna y en aplicación de la sentencia de la misma Sala Constitucional del 23/09/2002 según expediente No 02/2116 antes explicada.

Por lo que la Sala Constitucional incurrió en usurpación de atribuciones o competencia al invadir competencia del Poder Legislativo (Asamblea Nacional) al  pretender aprobar, que será el objetivo final,  la Ley de Presupuesto del 2017, por cuanto el TSJ NO tiene competencia para aprobar leyes, ya que la misma es una función específica de la Asamblea Nacional.

El artículo 138 Constitucional es una incompetencia constitucional que acarrea la nulidad absoluta de los actos que dicte el usurpador.

En este sentido, el artículo 139  Constitucional, es el segundo principio constitucional que rige para todos los órganos del Estado que ejercen el Poder Público.

Esto significa que la responsabilidad de los funcionarios cuando están en el ejercicio del Poder Público causen daño, el cual originarse por el abuso de poder por haber realizado un falso supuesto, a fin de  utilizar el poder conferido para perseguir objetivos diferentes en los establecidos en la norma atributiva de competencia.

Por lo que el artículo 139 Constitucional señala que:

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso y desviación de poder o violación de esta Constitución o de la ley”.

Ahora la doctrina indica que el abuso de poder se presenta cuando se interpreta erróneamente aquellos hechos y la calificación jurídica del acto con el fin de justificar una acción.

En cuanto a la desviación de poder, se presenta mediante un vicio que anula el acto administrativo el cual ocurre,  cuando otro funcionario obstaculiza la decisión que se ha tomado legalmente por otra autoridad.

Desacato TANTO de la Sala Constitucional del TSJ como de la Asamblea Nacional

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ha declarado varias leyes sancionadas por la Asamblea Nacional inconstitucionales, cuando han sido remitidas por el ciudadano Presidente de la República a la consideración de la constitucionalidad de  las citadas leyes.

Asimismo, la Asamblea Nacional;  revocó el nombramiento de varios Magistrados de la Sala Constitucional y tal revocación fue desacatada por la citada Sala.

De la misma manera,  la Sala Electoral en sentencia solicitó a la Asamblea Nacional la desincorporación de los tres Diputados del Estado Amazonas, la cual fue posteriormente convalidada por la Sala Constitucional.

Sin embargo a pesar que han pasado varios meses de la decisión de la Sala Electoral no se ha producido todavía la respectiva sentencia para que se determine la verdad de los hechos y si  se debe anular tal votación en el Estado Amazonas, a los fines de realizar nuevamente la votación en ese Estado, pero esa región por ley debe tener sus respectivos Diputados mediante una votación libre, universal y secreta , para que mediante el sufragio se elija a los respectivos Diputados ante el Poder Legislativo.

En vista de este desacato la Sala Constitucional decidió  en otra sentencia antes estudiada que a partir de esa sentencia, los actos de la Asamblea Nacional no tienen legitimidad y carecen de todo efecto jurídico.

En escrito que publiqué el 07/09/2016 manifesté que con esa sentencia la Asamblea Nacional quedo inhabilitada y  todos los Estados de Venezuela quedaban sin representación en la Asamblea Nacional.

A continuación reitero parcialmente ese escrito:

Ante esta situación, preocupa; por cuanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuyas decisiones son vinculantes para todos los Tribunales de la República incluida la Sala Plena de ese Máximo Tribunal. En sentencia de fecha 06 de septiembre del 2016 se destacó,  que resultan inconstitucionales y absolutamente nulos y carentes de toda eficacia jurídica los actos del parlamento mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sentencia se refiere a la incorporación de los diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional. Lo delicado de esta  sentencia,  es que la misma no tiene ningún tipo de recurso, por lo que la  actividad parlamentaria de la Asamblea Nacional queda en una situación muy vulnerable, por las delicadas funciones que la misma debe cumplir por mandato de las normas constitucionales.

Con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional queda absolutamente inhabilitada en el ejercicio de sus funciones y lo insólito  es que se haya soslayado la decisión del pueblo  como poder constituyente originario, quienes eligieron a todos los diputados. Y  este poder constituyente originario está por encima  del poder constituido. Por tanto cualquier acto que la Asamblea Nacional realice en el ejercicio de sus funciones será nula y carente de toda vigencia y eficacia jurídica hasta tanto se mantenga el desacato a la Sala electoral, de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional.

La declaratoria del estado de excepción NO interrumpe el funcionamiento del Poder Público. En este sentido, el Poder Legislativo lo ejerce solo la Asamblea Nacional, por lo que la inmunidad parlamentaria está consagrada como una garantía de  todo ejercicio autónomo en las funciones legislativas, en relación a los otros poderes, lo cual le va a garantizar al parlamento el cumplimiento efectivo de sus funciones.

De acuerdo a los fundamentos constitucionales y las diferentes doctrinas en relación a la materia, será necesario que bajo la óptica de realizar la representación del pueblo a través de todos los diputados de la Asamblea Nacional y en vista que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Directiva de la Asamblea Nacional o por iniciativa voluntaria de los diputados del Estado Amazonas, sean  desincorporados para que la Asamblea Nacional cumpla sus funciones y de esta manera NO se interrumpan las diferentes funciones del ejercicio autónomo del parlamento venezolano.

Por cuanto, la norma constitucional, señala que  los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, por lo que no están sujetos a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia, por lo que su voto en la Asamblea Nacional es estrictamente personal. En caso que los diputados del Estado Amazonas no se desincorporen voluntariamente del ejercicio de sus funciones en la Asamblea Nacional o la Directiva los desincorporen todos los Estados de Venezuela quedarían sin representación en el parlamento, ya que  cualquier actividad que realicen en  función en su  ejercicio autónomo como legisladores, se considerara NULA Y CARENTE DE TODA  VIGENCIA Y EFICACIA JURÍDICA, de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional.”

Para más al respecto visita la Parte III en la cual explico la inhabilitación de la Asamblea Nacional por desacato al Tribunal Supremo de Justicia y la autorización del Presupuesto de Venezuela

Escribe, tus inquietudes, preguntas, comentarios y opiniones sobre este tema aquí abajo en la sección de comentarios

Escrito y válido dentro de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela según el ordenamiento jurídico vigente a la fecha de este escrito (16 de Octubre de 2016)

También he publicado, entre muchos otros escritos, sobre:

 

 

 

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